Audiencia por esterilizaciones forzadas se reanudará el lunes 1 de marzo
Última diligencia para determinar responsabilidades durante Gobierno de Alberto Fujimori se postergó por no contar con traductores de quechua cusqueño.
Nueva fecha. El Poder Judicial reprogramó para el próximo lunes 1 de marzo desde las 9.30 de la mañana la audiencia virtual para que el Ministerio Público sustente las denuncias de las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori entre 1990 y 2000.
Esto, luego de dos semanas de la suspensión de la audiencia debido a que la sala no contaba con un traductor de una variante del quechua para facilitar el mensaje a las víctimas que estaban presentes.
Según comunicó la organización Somos 2074 y muchas más, ahora el Poder Judicial vuelve a programar por cuarta vez la audiencia donde la Fiscalía venía exponiendo las imputaciones por violación de derechos humanos que habría cometido el exdictador y los exministros de Salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
El lunes 11 de enero se suspendió la diligencia a solicitud de César Nakasaki, abogado del expresidente, y de la defensa de Costa y Yong luego de que el juez Rafael Martín Martínez considerara necesaria la participación de traductores del quechua para las víctimas.
De igual manera, Alberto Fujimori no asistió a la audiencia por el caso Esterilizaciones Forzadas por una supuesta descompensación de salud, lo que generó un nuevo retraso y dejó a las víctimas nuevamente a la espera de recibir justicia tras 20 años.
Esterilizaciones forzadas
El Poder Judicial no continuó con la audiencia programada desde diciembre del 2019, y luego se postergó para marzo del 2020, pero se volvió a suspender por la llegada de la COVID-19.
Al exjefe de Estado y sus exfuncionarios se les acusa por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, y lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos después de que se conociera que iniciaron procesos de esterilizaciones sin el consentimiento de más de 300.000 mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
Al respecto, Carlos Rivera, abogado de las víctimas por el caso Esterilizaciones Forzadas, sostuvo que desde hace mucho tiempo se espera que el Poder Judicial pueda remitir una resolución que abra un proceso penal contra los responsables.
Asimismo, lamentó que “diversas circunstancias” hagan que el procedimiento se dilate.
“Estamos perdiendo más de un año. Eso no es bueno porque estamos ante un proceso de investigaciones que ha demorado más de una década en el Ministerio Público. Por lo tanto, el tiempo está jugando en contra de las víctimas”, declaró a La República.
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