Rivera sobre caso Esterilizaciones Forzadas: “No hay una decisión del Estado”

Este lunes 11 de enero, se decidió postergar, por tercera vez, la audiencia para que el Ministerio Público sustente las denuncias de las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori entre 1990 y 2000.

Fue el juez Rafael Martín Martínez quien decidió suspender la sesión virtual del Poder Judicial, ya que no había una intérprete que domine la lengua quechua de Cusco para traducir la versión de una de las agraviadas presentes.

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Al respecto, Carlos Rivera, abogado de las víctimas por el caso Esterilizaciones Forzadas, sostuvo que desde hace mucho tiempo se espera que el Poder Judicial pueda remitir una resolución que abra un proceso penal contra los responsables.

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Asimismo, lamentó que “diversas circunstancias” hagan que el procedimiento se dilate, pues la audiencia primero estaba programada para diciembre del 2019. Luego, se postergó para marzo del 2020, pero se volvió a suspender por la llegada del coronavirus.

“Estamos perdiendo más de un año. Eso no es bueno porque estamos ante un proceso de investigaciones que ha demorado más de una década en el Ministerio Público. Por lo tanto, el tiempo está jugando en contra de las víctimas”, declaró a La República.

En esa misma línea, consideró que el Poder Judicial debió prever que las victimas, y demás perjudicados, en este caso, son personas que tienen como lengua materna el quechua a diferencia de otras audiencias que normalmente se hablan en español.

Carlos Rivera resaltó que, a pesar de esta suspensión, a nivel del Ministerio Público, “no hay posibilidad de que el caso sea archivado nuevamente”. No obstante, explicó que existen tres posibilidades: que se acepte la presentación de los testimonios, que se decida no abrir los procesos o que la Fiscalía “haga un tiempo de ampliación de la investigación”.

“Nosotros apostamos que si lo aceptarán porque hay razones que sustentan que abrirán el proceso y que, finalmente después de una década, el Poder Judicial ya tenga una causa penal por este caso tan complejo y que ha demorado tanto a nivel del Ministerio Público”, expresó a este diario.

En otro momento, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) dijo sentir que este caso de esterilizaciones forzadas tampoco recibe apoyo del Estado, ya que habría “una gran falta de decisión para hacer justicia, encontrar la verdad y determinar las reparaciones a las victimas de graves violaciones de derechos humanos”.

“No hay una decisión del Estado para apoyar este caso (...) Lo que se tendría que hacer ahora es que la audiencia que se postergó este lunes se realicé en un plazo urgente y que, por lo menos, las víctimas encuentren justicia en un corto tiempo”, agregó Rivera.

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