Alberto Fujimori: caso Esterilizaciones Forzadas sin juicio más de 20 años

Sin justicia. El caso de esterilizaciones forzadas que involucra al expresidente Alberto Fujimori, y los exministros de Salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, fue suspendido por tercera vez, en más de un año, dejando en suspenso a las victimas.

El Poder Judicial decidió postergar la sesión virtual donde el Ministerio Público venía exponiendo las imputaciones por violación de derechos humanos que habría cometido Fujimori y sus exfuncionarios del Ministerio de Salud durante su gobierno entre 1990 y 2000.

Fue el juez Rafael Martín Martínez el que decidió no seguir revisando el caso donde cientos de mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento por órdenes del exdictador, quien aplicaba una política nacional de planificación familiar. El motivo: la falta de una intérprete que domine la lengua quechua de Cusco para traducir la versión de una de las agraviadas presentes.

El Poder Judicial no continuó con la audiencia programada desde diciembre del 2019, y que luego se postergó para marzo del 2020, pero se volvió a suspender por la llegada de la COVID-19, lo cual establece un nuevo retraso en un proceso que ya se prolonga por más de 20 años.

Consultado por La República, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera lamentó que el caso siga suspendiéndose, ya que considera que los más afectados son las víctimas, quienes esperan justicia luego de las pruebas presentadas por la Fiscalía durante 10 años.

“Hoy debió realizarse la presentación de cargos. Para llegar a este momento ha pasado más de una década y me parece que eso no es lo mejor en la investigación de carácter penal. El Ministerio Público no debió demorarse en presentar el caso al Poder Judicial”, señaló.

Anteriormente, la Fiscalía tampoco pudo formular sus argumentos, lo cual provocó que las víctimas y activistas a favor de los derechos humanos protestaran frente a la una de las sedes de la Corte Superior de Justicia que veía el caso.

Son 1.316 mujeres que denunciaron ser víctimas de estos hechos de lesa humanidad, ejecutados durante el mandato de Alberto Fujimori, quien no asistió a la última audiencia por una supuesta descompensación de salud.

“¿Porque ahora se eliminen Fiscalías o se reduzcan salas penales, las víctimas de esterilizaciones forzadas van a esperar aún más? No, eso es revictimizar”, declaró María Ysabel Cedano, directora de la organización feminista Demus para la agencia EFE.

En aquella ocasión, la activista resaltó que el Ministerio Público llevaba más de 15 años en investigación sin llegar al juicio oral. Cedano calificó de “sospechoso” que el Tribunal Constitucional (TC) aún no se pronunciara sobre la acción de amparo de Costa Bauer.

Posteriormente, en octubre de este año el TC rechazó el archivo del hábeas corpus presentado por el exministro Marino Costa, quien buscaba impedir el inicio de la investigación judicial.

Además, el Poder Judicial rechazó otro recurso suyo en el que aseguraba que no se le podía investigar dos veces por el mismo caso y que se había “violado el plazo razonable” para ser investigado.

Sin embargo, en una sesión reservada, la presidenta de la entidad, Marianella Ledesma, y los magistrados Carlos Ramos, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra de su pedido, mientras que Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón votaron a favor.

Por su parte, Rivera sostiene que el principal problema fue el Estado, que a través del Ministerio Público archivó hasta en tres oportunidades el caso.

Fue la fiscal provincial Marcelita Gutiérrez quien, luego de un mandato del entonces coordinador de la Fiscalía de Derechos Humanos, Luis Landa, tuvo que formalizar el caso que ahora es llevado por el fiscal Pablo Espinoza, quien acusa a los exministros por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, y lesiones graves.

“El principal problema que las víctimas han tenido es el Ministerio Público. Hubo una demora exagerada en el curso de la investigación que no solo perjudicaron a las victimas, sino también a los investigados”, acotó el abogado a esta redacción.

Por otro lado, María Elena Carbajal, de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), afirmó que el caso ya viene siendo investigado durante 24 años.

“Es terrible que no se reconozca que fue un delito, que no fue nuestra culpa, que nos obligaron a esterilizarnos. Nos ha impactado a nosotras, a nuestras familias. Y seguimos esperando justicia. No queremos esperar otros 20 años”, expresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre pasado.

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