José Ugaz: “Va a tener que hacerse una investigación sobre la participación de UNOPS y los alcances de su trabajo”
Entrevista al abogado penalista y exprocurador anticorrupción. “Uno puede implementar mecanismos para tratar de reducir las brechas en las que la corrupción se cuela, pero no hay una garantía al 100%", sostiene.
El exprocurador y abogado penalista, José Ugaz, ofrece su opinión sobre el caso que involucra al presidente, Martín Vizcarra, luego de conocerse el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz según el cual el jefe de Estado habría cobrado un millón de soles a cambio de facilitar una obra cuando fue gobernador regional.
A la luz de lo visto hasta ahora -el testimonio del aspirante a colaborador eficaz, el descargo del presidente Vizcarra, la versión de UNOPS-, ¿considera que hay indicios razonables de corrupción de parte del jefe de Estado?
Lo que hay son unas primeras evidencias que son insuficientes a estas alturas para hacer afirmaciones categóricas como las que hemos venido escuchando en los últimos días. Incluso un partido se adelantó, de nuevo, a decir que iba a recoger firmas para la vacancia del presidente. Y hemos escuchado a algunos congresistas decir que Vizcarra ya debería estar sentado en el banquillo de los acusados. Sin duda alguna, que haya una versión de un colaborador eficaz que sindica directamente al presidente…
Es grave.
Es un hecho significativo. Sin embargo, los procesos de colaboración eficaz están regulados de una manera tal que la información que se recibe no puede ser tomada como válida hasta que no pase por la segunda etapa del proceso, que es la de corroboración. Si no, imagínese: cualquiera que desea un beneficio legal, se presenta y acusa a alguien de algo y sale exonerado. El precedente de esto fue la ley de arrepentidos…
¿Qué se dio durante el gobierno de Fujimori?
En efecto, en la que no se exigía ninguna corroboración de la información y bastaba que se presentara alguien que dijera que era un terrorista arrepentido y acusara a zutano y mengano y esas personas eran, desaparecidas, asesinadas, y las gran mayoría se iba a prisión. El problema fue de tal magnitud que se tuvo que crear la comisión del padre Lanssiers, que llegó a detectar aproximadamente a 850 inocentes en la cárcel, solo porque alguien los había acusado.
En resumen, estamos en una tapa inicial aún.
Es un momento muy incipiente como para sacar conclusiones. ¿Es serio? Sí, lo es. Pero hay que dejar que el proceso avance para sacar conclusiones más contundentes. A eso hay que sumarle el hecho de que el presidente tiene inmunidad y hablar de que se siente en el banquillo de los acusados ahora es bastante prematuro. Hay elementos que han sido aportados por este colaborador que son el nombre de las secretarias que habrían visto a Vizcarra ir a la empresa, el nombre del conserje de Obrainsa que haría retirado el dinero, sin embargo, y como ha señalado el propio Vizcarra, no hay ningún elemento hasta este momento que pueda vincularlo con la recepción de ese dinero. Hay que tener paciencia.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sacó el viernes un comunicado en el que da su versión sobre el proceso. ¿Qué impresión le ha dejado?
Creo que el comunicado aclara que ellos se encargaron de la evaluación técnica incluso en instancias internacionales, verificaron la calidad de las ofertas y el precio y transmitieron su opinión al entonces presidente regional en el sentido de que Obrainsa tenía la mejor oferta por lo cual resulta consistente que el gobierno regional haya optado por el mejor postor, según la opinión de UNOPS. Que en el transcurso del proceso o con posterioridad haya habido acuerdos ilegales no tiene nada que ver con la intervención de organismo técnicos como UNOPS.
Aunque la denuncia original sigue pendiente de corroboración. Según esta versión, Vizcarra ofreció información privilegiada al consorcio para ganar la licitación.
Como le dije antes, en el contexto del proceso de colaboración eficaz tiene que pasarse por la etapa de corroboración de la información. En ese sentido, va a tener que hacerse una investigación sobre la participación de UNOPS y los alcances de su trabajo porque, conforme a su comunicado, el precio tope era de público conocimiento por lo cual no tendría sentido cobrar por filtrar información.
¿No hay un problema con UNOPS? Hay casos que se investiga en los que aparece.
El problema es con las estructuras de la corrupción. Uno puede implementar mecanismos para tratar de reducir las brechas en las que la corrupción se cuela, por ejemplo poniendo un organismo internacional como UNOPS. Pero no hay garantía al 100%. Cualquier sistema puede ser penetrado. La propia ONU tuvo un escándalo de dimensiones universales con el intercambio de alimentos por petróleo, un fraude millonario.
¿El caso de Vizcarra lo debería haber investigado el equipo especial?
Bueno, en la medida de que esto estaría vinculado con temas de construcción y que ya hay un equipo especial de la Fiscalía que viene trabajando desde hace mucho tiempo en este caso, todo indicaría que hubiese sido razonable que se mantenga la investigación ahí, porque ya hay años de experiencia acumulada y de conocimiento recogido sobre cómo ha funcionado este club (de la construcción). Es una decisión institucional que le corresponde a la fiscal de la Nación, que tiene la capacidad de disponer de sus recursos de la mejor manera. Lo que le puedo decir, porque es evidente para los que trabajamos casos penales en el país, es que el equipo especial está sobrepasado.
¿A qué se refiere?
Que el número de fiscales y de personal auxiliar con el que cuentan no es suficiente para los casos inmensos para los que están llevando.
A propósito de la fiscal de la Nación, ¿le parece correcto que se haya pospuesto la investigación a Vizcarra por el caso de Richard Swing hasta julio de 2021?
Sí. Los constitucionalistas están divididos en dos grupos. Los que dicen que de acuerdo al texto constitucional el presidente no puede ser procesado pero sí investigado. Otros advierten que la norma pretende evitar la perturbación del cargo de presidente, ya sea con un proceso o una investigación y que hay que esperar a que deje el cargo.
¿Qué papel puede jugar la presión en la investigación a Vizcarra? Lo digo porque hay una corriente que ya lo da como candidato a una prisión preventiva, desde ahora.
Sin duda, la presión pública y mediática juega su papel. Ahora, fíjese usted que en los últimos tiempos ha habido varios reveses en las detenciones que se obtuvo y fueron flor de un día, porque apenas fueron apeladas las cortes superiores han revocado varios de esos casos. El último fue el de los detenidos por el caso de Richard Swing, que estuvieron presos y tan pronto llegó la revisión judicial fueron liberados. Hay que tener cuidado porque pierde también prestigio y legitimidad la autoridad que decide detenciones que duran poco tiempo y luego son revocadas porque se llega a establecer que no han sido consistentes o no han tenido suficiente fundamento legal.
¿Le parece correcta la forma en que se están llevando a cabo las investigaciones con colaboraciones eficaces?
No podemos saber todo lo que ocurre al interior de los despachos fiscales, pero por lo que se conoce me parece que se está haciendo un trabajo muy interesante con colaboradores eficaces. Por supuesto, cuando estos empiezan a aportar evidencia, los afectados por esas colaboraciones inmediatamente dicen que son presionados, extorsionados, chantajeados. Montesinos en algún momento sostuvo que en mi caso y en la de la fiscal Magallanes habíamos ido a la prisión a chantajearlo, a decirle que si no se entregaba como colaborador íbamos a meter presas a su mujer y su hija, cosa completamente falsa. Pero, bueno, siempre se usa esta retórica para cuestionar las colaboraciones. Lo que no hace bien a los procesos de colaboración es esta filtración de información continua a la prensa cuando se está en etapas incipientes. Un titular que genera revuelo no le hace bien a la investigación técnica porque empiezan a producirse una serie de presiones de distintos lados. Los procesos de colaboración deben ser reservados y manejados con prudencia, por muchas razones.
Fuera de que los aciertos son varios, nadie los puede negar, se ha empezado a decir que en el proceso de investigaciones con colaboradores ha habido excesos. ¿Está de acuerdo con esa posición?
Bueno, partiendo del hecho de que los fiscales son humanos y se equivocan, por supuesto que ha habido errores, y algunos muy notorios, en los que se ha afirmado la existencia de una organización criminal cuando no había tal, o que se ha solicitado una detención sin contar con los elementos de prueba y rápidamente se ha desbaratado esa situación. Pero si uno pone en la balanza…
Lo bueno y lo malo.
Lo positivo y lo negativo, yo creo que hay un elemento muy importante, y es que el equipo especial del Ministerio Público y los jueces que acompañan los casos anticorrupción no tienen cuestionamientos de ser ellos mismos corruptos. Eso en el Perú ya es bastante, cuando hemos tenido “cuellos blancos” y fiscales y jueces corruptos, de todos los niveles.
Eso es verdad.
Ahora, que se exceden, que son muy pasionales, que a veces actúan con irresponsabilidad en determinados casos, bueno, eso lo juzgará la historia.
Ya que habla de historia, una curiosidad sobre su propia actuación cuando fue procurador. ¿Reconoce algún exceso cuando a usted mismo le tocó estar de ese lado?
Algunos de los procuradores que trabajaron conmigo han salido a decir que creen que nos equivocamos, o que se equivocaron ellos cuando tomaron decisiones en tal o cual caso. Yo por supuesto estoy seguro de que nos hemos equivocado en más de un caso…
¿No me va a decir cuáles?
Es que no los tengo en mi memoria y la verdad me parece a estas alturas un ejercicio un poco complicado, pero si me deja un tiempo podríamos pactar una entrevista futura y revisar los archivos. Lo que sí creo es que, históricamente hablando, el juicio sobre el proceso Fujimori-Montesinos ha sido favorable. Y la prueba es que los principales cabecillas de esa organización criminal fueron todos condenados y están presos. No estamos hablando de cualquiera, sino del presidente, de su asesor personal, altos funcionarios de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación, 14 generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, alcaldes, dueños de canales de televisión. Es decir, procesos que llegaron a buen término, que fueron objeto de condena y que nunca fueron cuestionados sobre la validez de sus resultados. Si en ese camino nos excedimos porque nos ganó la pasión o no leímos bien la evidencia y perjudicamos a alguien, es posible. No tengo un caso en particular, pero sin duda alguna debe haber ocurrido.
Imagino también que en casos complejos, la pasión a veces gana, ¿no?
Es evidente, y no hay mucho tiempo tampoco para tener una capacidad reflexiva. Uno tiene que ir tomando decisiones en el camino, a veces hay precariedad. Cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo no contábamos con las herramientas tecnológicas con las de hoy. Hoy usted puede intervenir una laptop, sacar una copia espejo de un disco duro, aplicar mecanismos para saber si los correos han sido adulterados o no. Nosotros ni siquiera teníamos firmada la convención de Naciones Unidas contra la corrupción, no había la posibilidad de adoptar medidas cautelares de impedimento de salida del país o prisiones preventivas y se nos escapaban por decenas en las primeras semanas. Las condiciones históricas en las que se hizo ese trabajo fueron muy distintas a las de hoy.
Habrá elecciones presidenciales en pocos meses. ¿Qué debería incluir la agenda anticorrupción de los candidatos?
Mire, el nivel de frustración ha sido tan grande en las últimas dos décadas, porque en algún momento pensábamos que después del caso Fujimori el Perú iba a aprender ciertas lecciones…
Claro, que más bajo no podíamos caer, ¿no?
Exacto. ¿Qué es lo lamentable? Que todos dicen sistemáticamente dicen que son los candidatos de la anticorrupción. Lo dijo Toledo, Humala. Alan García probablemente lo dijo con menos énfasis. Y lo dice ahora Vizcarra y ya está metido en medio de esta discusión. Lo único que pediría a un candidato que sea medianamente serio y no un demagogo es que se comprometa a reiniciar las reformas estructurales necesarias para reducir a un nivel tolerables la corrupción para que deje de ser sistémica.
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