Roberto Pereira: Congreso promovió la vacancia sin corroborar hechos

Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra, se presentó ayer ante el pleno del Congreso a refutar los elementos presentados para vacar a su patrocinado.

“Esta es una defensa sobre si es válido o no tramitar un proceso de vacancia sobre la base de hechos que son de público conocimiento”, expresó al iniciar su presentación ante el Hemiciclo.

El letrado se estaba refiriendo a las grabaciones difundidas el jueves 10 por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, que provocaron esta turbulencia política.

La discusión de la vacancia, añadió, no debía incluir elementos adicionales a las tres grabaciones mencionadas en la moción impulsada por Alarcón.

Es decir, en esa sesión, no era necesario que responda por otras grabaciones difundidas luego de haberse iniciado el proceso de destitución. Y menos aún, pues minutos antes de la exposición de Pereira, el presidente Vizcarra ya había demostrado que la exasistente presidencial Karem Roca envió dos cartas notariales rectificando sus afirmaciones sobre la Marina de Guerra y el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro.

Aclarado ello, procedió a enfocarse en los tres audios que difundió Alarcón. “Si uno analiza los hechos en los que se sustenta la moción, uno puede concluir que son hechos no corroborados. Son hechos que solo una vez que se corroboran podrían ser la fuente de decisiones, como una vacancia. Se trata de hechos que están en una fase embrionaria de una investigación”, alegó.

Pereira argumentó que, hasta el momento, no se tiene conocimiento si las personas mencionadas en estas grabaciones fueron llamadas para contratar su versión.

“Es evidente que estos hechos requieren una necesaria probanza”, puntualizó.

Pero, como se sabe, la semana pasada el Congreso inició el proceso de vacancia en solo doce horas. Y sin recoger, como dijo el letrado, la versión de todos los involucrados.

Con base en la Constitución

Pereira luego se pronunció sobre el asunto de fondo: ¿es constitucional o no lo que hace el Parlamento?

“Se dice que en el Congreso solo importan los votos y esa idea es nociva para los parlamentos. Los votos son consecuencia de la exposición de razones, de un debate robusto y público”, recalcó.

Es cierto que hasta ese momento en el Congreso no había los 87 votos, requeridos en su reglamento, para vacar a Vizcarra. Su abogado recordó que, así los haya, estos no pueden ser ajenos a la Constitución, pues sería reducir el debate básicamente a un resultado aritmético.

“Es lo que vengo a proponer: un debate en el marco de la Constitución para que ustedes tomen la mejor decisión”, planteó.

Y con ello fue al punto medular: “Para sacarlo del cargo al presidente, tienen que haber hechos absolutamente objetivos y graves. Está en los incisos que regula el artículo 113 de la Constitución”, zanjó.

Incluso, citó al exmagistrado del Tribunal Constitucional de Alemania Konrad Hesse, quien, según la defensa de Vizcarra, sostiene que la Carta Magna debe interpretarse desde el punto de vista de la función integradora en la medida que contribuya a pacificar y ordenar.

Y aprobar una vacancia presidencial, definió, en medio de la crisis sanitaria y económica que afronta el país, no contribuye a reducir el conflicto político entre el Ejecutivo y Legislativo.

“El Congreso tiene la oportunidad de racionalizar el debate”, sentenció. Así culminó la defensa del presidente. El desenlace al final fue conocido: se rechazó la vacancia.

Falta definir la figura de la incapacidad moral

El abogado Roberto Pereira también señaló que la figura de la incapacidad moral permanente no está bien definida, y eso ocasiona que el procesado, que en esta ocasión fue el presidente Martín Vizcarra, desconozca qué se le imputa exactamente.

“La moción no hace ninguna referencia en qué consistiría la incapacidad”, reflexionó.

Por eso, recordó que el Tribunal Constitucional (TC) precisó en su momento que las valoraciones políticas no pueden realizarse sobre elementos imprecisos. Con base en ello, el letrado sustentó su postura: el Congreso no ha precisado qué delito cometió el mandatario y bajo qué referencias ha quedado incapacitado para gobernar.

El Tribunal Constitucional tiene una demanda competencial en curso que resolverá en los próximos meses. La resolución que emita demostrará si el actual Parlamento impulsó de forma adecuada la moción para destituir a Vizcarra.

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