Jorge Muñoz: “Ley de los peajes fue cuestionable desde su nacimiento”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió a la reciente decisión del Tribunal Constitucional que declaró, por unanimidad, inconstitucional la Ley 31018, que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Como se recuerda, el 7 de mayo, dicha norma fue promulgada por insistencia por el Congreso de la República, con 102 votos a favor, uno en contra y 25 abstenciones.

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“Esta era una norma cuestionable desde su nacimiento y se terminó aprobando, inclusive insistiendo con su naturaleza. (...) Era una norma que estaba fuera de todo ámbito y de una serie de derechos y obligaciones que se establecían en un proceso de una concesión. (...) La idea ha sido justamente declarar la inconstitucionalidad de una norma atentatoria”, declaró en diálogo con TV Perú.

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Asimismo, Muñoz Wells recordó que desde el Legislativo indicaron que durante la época de la pandemia no se realizará el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local; afectando, según estimó, el marco normativo.

“Eso alteraba una serie de obligaciones que habían y derechos que también tenían las empresas, entonces eso afectaba no solamente un marco normativo, sino también la estabilidad a las inversiones”, acotó la autoridad edil.

Lo dicho por el burgomaestre de Lima acontece luego de que, este martes 25, el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia nacional a causa de la pandemia del coronavirus.

Por unanimidad se aprobó la recomendación de la ponencia del colegiado Augusto Ferrero, quien estuvo a cargo analizar la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional.

Vale recordar que el Parlamento aprobó por insistencia la citada ley luego de que el Gobierno la observara. El Ejecutivo advirtió que la Ley 31018, al modificar un contrato de concesión mediante una disposición legal, provocaría contingencias para el Estado y se activaría mecanismos de solución de controversias que podrían devenir en un arbitraje.

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