Solo 3 de los 23 congresistas de Lima beneficiados con bono de instalación devolvieron el dinero
La Comisión de Ética archivo el sábado la investigación contra los parlamentarios que cobraron S/15, 600 por gastos de instalación, pese a que en la actualidad, la mayoría de ellos labora desde casa.
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Hasta el momento, solo 3 de los 23 congresistas que fueron denunciados ante la Comisión de Ética del Congreso por haber cobrado S/ 15, 600 por gastos de instalación, devolvieron dicho dinero. Se trata de los parlamentarios del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, y del Frepap, María Teresa Céspedes y Wilmer Cayllahua.
Esta semana, según fuentes de La República, los congresistas Teresa Céspedes y Cayllahua devolvieron este bono. Se sumaron a la medida dispuesta por la vocera del FA, Rocio Silva Santisteban.
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“Aquí el oficio N° 047-RSSM-CR en el que pido se devuelvan los gastos de instalación en tanto que no pueden ser donados según la interpretación de la Oficialía Mayor que he conocido”, anunció en Twitter Santisteban el 2 de julio.
A excepción de Silva, Céspedes y Cayllahua, los demás congresistas involucrados en esta denuncia encarpetada, todavía no informan si devolverán los más de S/ 15 mil.
Del Frepap faltan que se pronuncien Alcides Rayme, Isaías Pineda, Richard Rubio Gariza y María Cristina Retamozo. De Acción Popular, Mónica Saavedra, Walter Rivera y Paúl García.
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De Fuerza Popular, Martha Chávez, Marco Antonio Pichilingue, Carlos Mesía y Valeria Valer. Mientras que de Alianza Para el Progreso (APP), Omar Chehade y Carmen Omonte, tampoco han devuelto.
Y de Podemos Perú, María Teresa Cabrera, Cecilia García, Luis Castillo y Orestes Sánchez. Lo mismo sucede con la legisladora no agrupada Arlette Contreras y Enrique Fernández Chacón, del FA. En caso de este último se debería a su delicado esta de salud.
Las únicas agrupaciones políticas que se anticiparon y rechazaron cobrar ese bono fueron el Partido Morado y Somos Perú.
El último sábado, los 20 congresistas que aún no devuelven el bono por gastos de instalación se libraron de una investigación. La Comisión de Ética del Congreso archivó la denuncia que había contra ellos.
En su momento, congresistas como de Cecilia García, de Podemos, alegaron que donaron el bono para actividades de caridad.
Sin embargo, el 3 de julio, un informe del entonces Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, David Cárdenas Sarmiento, aclaró que ese dinero no debió ser utilizado para donaciones durante el estado de emergencia.
Ética no tomó en cuenta esas sugerencias para proceder las indagaciones contra los legisladores que se aferraron al bono por instalación a pesar que residen en Lima y no necesitan trasladarse de otras regiones y, además, laboran de manera remota desde sus viviendas.
