Prófugo en el caso Orellana pidió suspender temporalmente su condena

Carlos Vargas Machuca Arrese lleva más de cinco meses prófugo de la justicia. A inicios de febrero último el Poder Judicial lo condenó a 4 años de cárcel por haber integrado la organización criminal de Ludith Orellana, hermana del célebre y también sentenciado Rodolfo Orellana Rengifo.

La justicia sentenció entonces a 18 personas, siendo Vargas Machuca el contacto externo de la organización entre los años 2011 y 2013 donde se obtuvieron ilícitamente alrededor de 20 inmuebles. En total, la red criminal pudo inscribir 47 terrenos con ayuda de la Sunarp desde el 2009.

Es en este contexto donde las autoridades aún no logran dar con el paradero de Vargas Machuca, éste ha solicitado que se suspenda temporalmente su condena. La República accedió a su solicitud de junio pasado donde argumenta que aún no se ratifica la condena en su contra en una segunda instancia.

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Debido a la pandemia del coronavirus, además, la Sala de Apelaciones Anticorrupción aún no ha programado una fecha específica para este incidente. Vargas aprovecha también para destacar la situación de hacinamiento en los penales y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un motivo “humanitario” para no someterse ni cumplir con la condena que debe estar cumpliendo desde que se dictó la condena en su contra en febrero.

En este sentido, el Poder Judicial ha programado la audiencia virtual para este viernes 31 de julio a las 11 de la mañana por videoconferencia. El Ministerio Público reafirma, no obstante, que se trata de un delito grave por lo que debió cumplirse con la sentencia, sobre todo, dada la abierta actitud de eludir la justicia al encontrarse como no habido.

En una de las sesiones del juicio oral realizadas en noviembre de 2019, una procesada que colaboró con la Fiscalía contó que Vargas quiso coordinar con ella una coartada para evitar un resultado negativo, pero se negó. “Me dijo que así como Montesinos y Laura Bozzo se defendieron para evitar una responsabilidad penal, de la misma forma nos podemos defender”, sostuvo en aquella audiencia la implicada.

Pedido denegado

El 30 de mayo el tribunal que compone la Sala de Apelaciones decidió rechazar otro pedido de suspensión temporal de condena, pero hecho por Ludith Orellana Rengifo.

“No existe una amenaza o peligro al derecho a la vida, toda vez que la interna ya habría superado la enfermedad con lo que se demuestra que el tratamiento sanitario de la COVID-19 dentro del penal está dando resultados”, dijo entonces la resolución de la Sala puesto que Ludith contrajo la COVID-19 en el penal de Santa Mónica. Su condena, que continúa, es de 10 años de prisión.

Vargas Machuca fue hallado responsable del “direccionamiento” de títulos de propiedad en Sunarp, ejerciendo una influencia externa pues no era trabajador de dicha entidad. Además, durante el proceso se reveló que recibía pagos de US$500 por cada gestión realizada a favor de la organización criminal de Ludith Orellana.

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