Diego García-Sayán: “Confiemos en que Cateriano establezca una dinámica constructiva con el Congreso”

Diego García-Sayán, relator de la ONU sobre Independencia de Magistrados y nuevo presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, expresa optimismo respecto al cambio del Gabinete Ministerial para el país, alerta sobre el daño que impulsa el Congreso al buscar debilitar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuestiona al Gobierno por no lograr diálogo y destaca la autoregulación de la prensa.

- ¿Cómo ve este nuevo cambio de gabinete? ¿Qué se puede esperar y qué se le debe exigir?

Hay que verlo con optimismo. Agenda amplia y compleja, con dos retos medulares que podrían ser correctamente asumidos dada la solvencia de Cateriano. Primero, generar una dinámica de interacción constante, laboriosa y con iniciativas con el Congreso, sus comisiones y sus integrantes. Limando asperezas, persuadiendo, sumando. Segundo, dinamizar y hacer más eficiente la gestión del Estado en estos meses de recesión. Vital que el programa “Arranca Perú” avance en serio y bien. Hay cerca de 7 mil millones de soles por invertir. Pero es tal la incapacidad de ejecución de gasto del Estado que se requiere tomar decisiones valientes y extraordinarias para que no quede como otros de los presupuestos sin ejecutarse. Es medular siempre, pero de vida o muerte en un contexto de aumento brutal de desempleo y pobreza como ahora. Con coraje e iniciativa del Ejecutivo y decisión del Congreso se debería dictar, por ejemplo, normas extraordinarias para que, sin perjuicio de la vigilancia ciudadana en previsión de la corrupción, se diseñen procesos de selección y contratación más flexibles para que los contratistas puedan ser más eficientes. Y que la Contraloría se concentre en actos de corrupción producidos y no persistir en paralizar y atemorizar a todos los funcionarios tratándolos como delincuentes y en interminables investigaciones fiscales por tonterías.

– El país está un entrampamiento Ejecutivo-Legislativo. ¿Cómo lo evalúa?

La precipitación del Congreso afectó algo medular: si los magistrados pueden ser enjuiciados por sus votos y opiniones, se acabó la independencia. Sobre ese tipo de situaciones en el mundo preparo un informe para la ONU. Persistir en ese camino en el Perú sería un grave factor de erosión de la institucionalidad democrática. Felizmente la reacción ciudadana fue tan contundente que el Congreso está dando paso atrás, pero muy grave señal que de pronto una mayoría congresal salte a una reacción visceral, de un momento a otro, sin medir consecuencias para el sistema democrático. Los poderes públicos en un Estado democrático tienen que relacionarse a través del diálogo democrático. En el Gobierno, sin bancada y ante un Congreso que surge de una crisis política resuelta por una decisión del Ejecutivo, hay una responsabilidad particular: impulsar una relación de trabajo e interacción permanente con el Legislativo. Eso no se ha dado. Allí hay responsabilidad de ambos lados. Teniendo el Congreso que se tiene, acaso hay una mayor en el Ejecutivo que abdicó de tomar una iniciativa que le correspondía, por ser el “ejecutivo”. Es una cuestión central en las responsabilidades de Cateriano. Conociendo su experiencia y solvencia hay que confiar que se establezca una dinámica diferente y constructiva que requiere mucho esfuerzo y dedicación.

–¿Cuál es el impacto en la independencia de magistrados?

Este lunes presenté a la ONU, al Consejo de Derechos Humanos, mi informe como relator de independencia judicial, sobre independencia de fiscales. Preparo otro para la Asamblea General: las sanciones “disfrazadas” para amedrentar o golpear a la magistratura independiente. Hay mecanismos disfrazados contra la independencia. Lo típico es quitarles inmunidades que están para que no sean perseguidos por sus votos y apreciaciones. Es lo que se hizo en el Congreso. Al quitarle a un magistrado del TC la inmunidad, ¿cuáles serán sus márgenes para declarar inconstitucional una ley de ese Legislativo que puede destituirlo y perseguirlo con cualquier pretexto? No es “privilegio” la inmunidad: la independencia judicial es un derecho de la sociedad democrática.

– La presidenta del TC evaluaría ir a la Corte Interamericana.

Aparentemente en este caso, la “sangre no llegará al río” pues tendría que aprobarse la ley, primero, y eso ya no ocurrirá. Si se hubiera aprobado, ¡vaya uno a pensar lo que hubiera pasado! Hasta un “fast track” para elegir a un nuevo TC “confiable” que no fuera a declarar inconstitucional la ley de eliminación de inmunidades. Mejor pasar la página.

–¿Cuál sería la salida a este nuevo entrampamiento?

El rugido nacional ya impactó y no pasará esa segunda votación (del proyecto sobre inmunidad) y lo que haya que modificar en materia electoral será por cambios a leyes. Esa inmunidad es derecho de la ciudadanía, no de magistrados del TC ni del Defensor del Pueblo. Pero este mismo Congreso tiene que designar a los nuevos miembros del TC. Si no se cambia de registro y enfoque para manejar un asunto tan delicado podría acabar designando no a las mejores fortalezas democráticas sino a quienes mejor memoria tengan en un examen escolarizado. Ojalá me equivoque en esta previsión.

–¿Y la reforma política?

Está bloqueada. Lamentable que no se eliminará el voto preferencial y que la alternancia entre hombres y mujeres quedará en una formalidad. Es lamentable que haya habido toda esta gran batalla para que un Congreso cuestionado fuera reemplazo por otro que ha resultado tan parecido. La pregunta es qué viene después, si sigue esa estructura de partidos que son básicamente logos con los que se visten caudillos de ocasión. Regresaríamos en la historia a caudillismos sucesivos y a ver, otra vez, cómo el curso de la institucionalidad política se aleja tanto de las necesidades ciudadanas. Esto es muy grave en cualquier situación, pero mucho más en una sin precedentes como la actual, con un colapso económico sólo comparable, acaso, a la Gran Depresión de la década del 30 del siglo pasado. Una situación así es dinamizadora de crisis políticas, de populismos y de autoritarismos. Muy preocupante lo que se viene, no sólo en el Perú sino el América Latina cuyo producto bruto caerá 9,9% este año de acuerdo al FMI.

–¿Cómo va el Gobierno ante a la crisis de la pandemia? –

Hubo un cargamontón injusto y exagerado al Gobierno en lo de la cuarentena, que era necesaria, y críticas merecidas a asuntos como el letargo frente al tema carcelario. En materia de salud, no se le puede cargar los fallecidos al gobierno con la larga historia de desatención al sector salud. El Gobierno tomó una decisión valiente al dar la cuarentena. Es mala fe considerarla inoperante por haber cantidades importantes de contagiados y fallecidos. El propósito no era hacer magia y que no hubiera virus, sino dilatar contagios en el tiempo y eso se logró: dilatar su repercusión mientras se mejoraba la institucionalidad de salud. Que haya cosas que se hicieron mal y se pudieron y pueden hacer mejor, por supuesto. Desde el inicio levanté una voz crítica, por ejemplo, a cómo se organizaba deficientemente lo de los bonos con un sistema confuso y alambicado: a alguien que vive en Huarmey le decían que cobre en una agencia en Villa El Salvador. Pero hay que avanzar apoyando los esfuerzos y no saboteándolos o debilitándolos.

–¿Qué le parece lo que se hizo con el tema carcelario?

Un lunar muy lamentable; cuatro meses después casi no se ha avanzado y la descongestión penitenciaria no se ha dado; las cifras son insignificantes. Menos de 2,000 personas liberadas cuando hay muchísimos más que no son de alta peligrosidad y, con penas ya por cumplir, deberían haber salido. Seguimos teniendo más de 95,000 reclusos. Seguirán muriendo u ocupando camas de hospitales cuando son contagios previsibles y de personas que están bajo responsabilidad del Estado. Al advertirse el problema en marzo, la respuesta oficial fue la negación: “no hay contagiados en las cárceles”. ¿Cómo se podía afirmar eso si no se hacían pruebas? Pasó lo que tenía que pasar: el fallecimiento por la COVID-19 de cerca de 250 internos y de 20 funcionarios del INPE. ¡Trágico record latinoamericano que le va a costar al Perú responsabilidades internacionales a arrastrar por años! Era evitable. Se actuó con negligencia o, acaso, conscientemente, con la percepción de que la opinión pública no vería bien relajar el sistema penitenciario. Era algo esencial. Hasta países autoritarios como Turquía o Irán dieron libertad a un 25 o 30% de la población penitenciaria y así aliviaron la suerte de miles de personas bajo responsabilidad del Estado que hoy ya podrían estar muertas.

–Ahora preside el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa. ¿Está la prensa haciendo una labor adecuada en la crisis?

En general, los grandes medios han cumplido un papel importante en informar y trasmitir lo que tiene que hacer la gente; hay cosas que, aunque tarde, están funcionando, como el uso de la mascarilla. El sensacionalismo macabro ha sido más bien excepcional. Pueden haber ayudado los medios, también, a advertir casos de corrupción sobre recursos para la pandemia. También en el tema penitenciario, algunos pocos aportaron con reflexiones para que haya medidas, mientras el Congreso prefirió lavarse las manos.

–¿Cuál será el énfasis de su gestión en el tribunal?

Hablar de “gestión” puede ser equívoco. Es un ente colegiado en el que los cinco integrantes del tribunal tenemos exactamente el mismo peso; un equipo que me ha honrado con generosidad para ocupar esta función en el que la vicepresidencia corresponde a Celia Rubina, decana de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP. Nuestra “gestión” es, en realidad, centralmente actuar con prontitud y rigor ante denuncias que se reciban por rectificaciones no atendidas o de quejas sobre violaciones a la ética periodística. También emitir pronunciamientos sobre situaciones o amenazas a la ética periodística. En una coyuntura prelectoral y electoral puede “calentarse” el ambiente y presentarse contenciosos por afirmaciones contra el honor o acusaciones no veraces. Es importante que haya un mecanismo de autorregulación, que no hay en muchos lugares del mundo. Eso no excluye que quienes prefieran recurrir a un juez lo hagan, en cuyo caso ya el Tribunal no tendría competencia. Es un mecanismo alternativo que busca ser más expeditivo y gratuito, como lo es, también, nuestra labor.

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