Asesores de la Comisión de Educación están vinculados con universidades no licenciadas

Se van conociendo nuevos vínculos entre los asesores de la Comisión de Educación del Congreso y algunas universidades investigadas por la Sunedu.

Detrás de los congresistas que integran dicho grupo de trabajo parlamentario, hay trabajadores cuya trayectoria profesional incluye haber apoyado en el proceso de licenciamiento de ciertas instituciones. Ello evidenciaría un claro conflicto de intereses, revela un reportaje de Punto Final.

Nuevo asesor principal de la Comisión de Educación trabajó en universidades evaluadas por Sunedu

Luego de que Ángela Miñope fue cesada como asesora principal de la Comisión de Educación ya que al mismo tiempo lideraba una empresa de consultoría a universidades en proceso de licenciamiento; Luis Enrique Laines Morales fue designado como su reemplazo.

No obstante, el ingeniero electrónico trabajó entre los años 2016 y 2018 en el área de Comunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asimismo, entre octubre y diciembre del 2017 brindó servicios a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

En esta institución, Laines realizó labores de gestión, coordinación y seguimiento para la implementación del levantamiento de observaciones del expediente de licenciamiento institucional efectuado por Sunedu.

Pese a las pruebas, el actual asesor de la Comisión de Educación negó haber trabajado para alguna universidad. “No tengo ninguna relación con ninguna universidad pública, ni privada ahora ni antes”, señaló para Punto Final.

Por su parte, el congresista Luis Dioses, presidente de este grupo de trabajo, negó conocer sobre el tema.

Asesor de congresista Fredy Condorí fue su exjefe de trabajo

Otro caso es el de Arturo Alpaca Julián, contratado como técnico en el despacho del congresista Fredy Condorí, integrante de la Comisión de Educación del Parlamento.

Anteriormente, entre los años 2018 y 2019, el legislador fue empleado de Alpaca en la asociación educativa Systematic Sac, dedicada a la venta de equipos informáticos y a la capacitación sobre sistemas y software.

Esta empresa, cuyo gerente general fue hasta marzo de 2019 Alpaca, mantenía alianzas estratégicas con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y la Universidad Alas Peruanas filial Ica, cuyos licenciamientos fueron denegados por la Sunedu.

El parlamentario Condorí, en diálogo con Punto Final, reconoció que trabajó para la compañía de su ahora trabajador. Sin embargo, aclaró que solo asesoró externamente a la empresa.

Cabe resaltar que el pasado 4 de julio, el Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades a Comisión de Educación para investigar a la Sunedu por los licenciamientos otorgados a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).

Asesor de congresista Pérez ataca a Sunedu en sus redes sociales

El tercer caso presentado en el programa dominical se trató de Ranjiro Nakano Osores, asesor del congresista Jorge Pérez Flores en la Comisión de Educación.

Desde sus redes sociales, Nakano expresa su opinión y defensa en favor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, claustro que espera pronunciamiento de la Sunedu sobre el licenciamiento.

Al ser consultado por el tema, el legislador Pérez no hizo ningún comentario al respecto. Más bien, pidió que lo apoyen con un proyecto de ley.

Asesora de la Comisión de Educación es investigada por lavado de activos

Por último, se conoció que la abogada Dora Yane Millones Caro, otra de las asesoras principales de la Comisión de Educación, es investigada por el presunto delito de lavado de activos.

La también esposa del exalcalde de Breña, Ángel Wu, postuló al municipio para suceder en el mismo cargo a su cónyuge, cuya campaña contó con el apoyo de José Luna Gálvez, dueño de la universidad con licenciamiento denegado Telesup.

En 2019, Wu fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por malversación de dinero cuando era gerente de administración de la Municipalidad de Carabayllo.

Asimismo, Millones Caro fue denunciada por el Ministerio Público por un supuesto desbalance patrimonial por la adquisición de bienes sin contar con sustento económico.

La hipótesis fiscal apunta a que la adquisición de esos bienes tendría origen en actos de corrupción producidos durante la gerencia de su esposo en el municipio de Carabayllo.

Marco Monsalve, abogado de Millones, confirmó que su defendida está procesada por lavado de activos, pero eso no es un proceso legal terminado, sino está a nivel de investigación preparatoria. “Ella no tiene ningún impedimento legal para poder desempeñar su actual labor”, expresó.

Por su parte, el congresista Luis Dioses comentó a Punto Final que recién se había enterado sobre la situación de su asesora. “Voy a confirmar la información y de ser cierto evaluaremos la situación”, puntualizó.

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