UPP y Podemos detienen reforma sobre impedimentos

El cambio de orientación de Podemos Perú (PP) y en buena parte de Unión por el Perú (UPP) impidió que se vote en el pleno descentralizado del lunes la reforma constitucional que prohíbe la postulación de personas sentenciadas en primera instancia, esto a pesar de que en la primera votación del domingo 5 de julio ambas bancadas apoyaron la medida.

La decisión asumida por PP y UPP −más algunas licencias− hacían imposible que se llegara a los 87 votos que se necesitan para que esta reforma constitucional prospere. El presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, suspendió la sesión. El tema debería ser visto en el siguiente pleno.

El domingo 5 de julio el Parlamento aprobó, en una primera votación, que los sentenciados en primera instancia por delito doloso no puedan postular en cargos de elección popular. La norma dice: “Están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”. Por el momento, queda a la espera de ser ratificada.

¿Por qué el cambio?

La República le consultó al vocero de UPP, José Vega Antonio, las razones que llevaron a esa bancada a manifestar su posición contraria a la reforma.

“En la vida, más fuerte que el amor es el miedo. Los grupos de poder −y las bancadas que dirigen la Mesa Directiva− ponen la agenda que pide el presidente (Martín Vizcarra). Hay algo camuflado, el miedo es que no postule Antauro Humala”, dijo.

Es decir, desde la posición de UPP, el real interés −del gobierno y de otros partidos− es dejar fuera de la competencia electoral a Humala, preso por delito homicidio calificado y secuestro. Sin embargo, esta hipótesis esgrimida por Vega no se sostiene porque al tener una sentencia vigente, igual estaría impedido de participar en las elecciones del 2021. Cuando se le consultó por esto a Vega, respondió: “¿Y si es como usted dice, por qué entonces el temor?”.

Otro detalle importante que no se debe deja escapar es el siguiente: que UPP sí apoyó la primera votación del domingo 5. Al respecto, Vega comentó: "Pero todos tenemos derecho a cambiar. Esto (la reforma) nos afectaría. Más bien restablezcamos la pena de muerte. Con la pena de muerte, sí estoy de acuerdo, eso sí ayudaría a combatir la corrupción".

Ahora bien, no es que toda la bancada de UPP esté de acuerdo con lo expresado por Vega.

La República recogió los testimonios de los legisladores Posemoscrowte Chagua Payano (Huancavelica), Roberto Chavarría Vilcatoma (Junín) y Javier Mendoza Marquina (Ayacucho). Los tres señalaron que ratificarán su voto en favor de la reforma constitucional.

Por ejemplo, Chagua Payano dijo que se debe asegurar que los sentenciados por corrupción se alejen de los cargos y funciones públicas. Incluso consideró que las autoridades en ejercicio también deberían ser apartadas cuando son sentenciadas en primera instancia. Chavarría dijo por su parte: "votaré a favor (de la reforma)". Ambos cumplieron condenas por el Andahuaylazo.

En el caso de PP, Daniel Urresti expuso en el debate descentralizado del lunes que las reformas constitucionales deben ser analizadas ampliamente para evitar que ocurra lo de la otra vez, cuando el pleno avanzó hacia una reforma que elimina prerrogativas de funcionarios sin mayor debate (desprotegiendo, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Constitucional o al defensor del Pueblo).

Sin embargo, lo que no dice Urresti es que esta reforma viene siendo discutida desde la Comisión Especial de Reforma Política, que dirigió Fernando Tuesta. Es decir, tiene buen tiempo en el debate público.

En esa comisión de reforma, se recogió lo que era un clamor popular: evitar que instituciones como el Congreso sean utilizadas para evadir a la justicia o presionarla.

Claro, no deja de ser cierto que hay quienes podrían sentir que sus derechos son vulnerados al impedírseles candidatear por tener una sentencia en primera instancia (que eventualmente podría ser revertida en una segunda). De hecho, este es un argumento que esgrimen algunos legisladores, entre ellos Carlos Mesía, de Fuerza Popular. Humberto Acuña (Alianza para el Progreso) también se ha mostrado en contra de la reforma con un argumento similar. “¿No es irse en contra de los derechos de las personas?”, preguntó en un debate anterior. En su caso, cabe recordar, tiene una sentencia a tres años de prisión suspendida. No obstante, como dijo la abogada Beatriz Ramírez a La República en un artículo previo, contrario a lo que se cree el número de condenados en el Perú no es alto. Es decir, que un juez decida que alguien es culpable a la luz de las evidencias ventiladas en un proceso, ya es una “valla bastante alta”.

A raíz de las elecciones legislativas extraordinarias de enero, reportes periodísticos dieron cuenta de que UPP presentó a 21 candidatos con sentencias o procesos judiciales. En el caso de PP, la cifra llegaba a 19 . No todos los casos son iguales, es verdad, pero parece claro que hay un problema de filtro en los partidos peruanos.

235 candidaturas con sentencias en enero del 2020

Luis Egúsquiza, oficial de proyectos de IDEA Internacional, comentó recientemente que en la elección extraordinaria del 2020 se presentaron 235 candidaturas con sentencias, casi el doble de las que hubo en el 2016.

Esto sugiere que los partidos políticos están teniendo serios problemas para seleccionar correctamente a quienes van a tentar un cargo de elección.

En la Comisión de Reforma Política se entendió que es mejor poner filtros para ayudar a que el sistema democrático se fortalezca, impidiendo la postulación de personas presuntamente vinculadas con hechos delictivos.

La segunda votación de la reforma tendría que darse en el siguiente pleno. El domingo 5 de julio, con 111 votos a favor, 14 en contra (de Fuerza Popular) y cero abstenciones la autógrafa superó con holgura la barrera de los 87 votos. Pero con el cambio de orientación de congresistas de Podemos Perú y Unión por el Perú, se entiende que esta nueva ronda arrojará resultados diferentes. La sensación entre los legisladores es que esta reforma constitucional igual se terminaría aprobando, aunque, con las justas.

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