Hoy podrían aprobar dictamen con trampa sobre inmunidad parlamentaria

Cuando en agosto del 2018 el exparlamentario Edwin Donayre fue sentenciado por robo de combustible, el Congreso halló un pretexto para evitar el levantamiento de su inmunidad parlamentaria: la condena solo era en primera instancia. Así, el entonces legislador de APP pudo por un tiempo burlar a la justicia, a diferencia de cualquier ciudadano que puede ir a la cárcel con una sentencia de pena efectiva en primera instancia.

Tuvieron que pasar ocho meses para que recién, a fines de abril del 2019, una segunda instancia ratificara la condena de cinco años de cárcel efectiva para que Edwin Donayre.

Aquel blindaje en favor de Donayre se produjo por una interpretación del Congreso disuelto, bajo el criterio de que una sentencia en primera instancia era insuficiente y que se requería una condena declarada firme, para recién dar trámite al levantamiento de la inmunidad. Pues bien, la presidencia de la actual Comisión de Constitución, a cargo de Omar Chehade, intenta convertir esa interpretación, que sirvió para el blindaje, en una norma de rango constitucional. Así consta en el predictamen que debatirá dicha comisión hoy. El legislador por APP plantea incorporar en el artículo 93 de la Constitución el requisito de una “sentencia condenatoria firme”, para que recién proceda el levantamiento de inmunidad.

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La especialista en derecho penal Romy Chang cuestionó este predictamen. “Definitivamente se está regulando un privilegio. Lo ideal sería que la figura de la inmunidad parlamentaria se circunscriba únicamente a delitos cometidos durante el ejercicio del cargo de congresista, y respecto de conductas vinculadas con sus funciones; no respecto de hechos anteriores a la fecha en la que fueron electos”, apuntó.

El predictamen que revisará hoy la Comisión de Constitución es el segundo, en materia de inmunidad parlamentaria.

En esta ocasión, el despacho de Chehade plantea que el levantamiento de la inmunidad ya no esté a cargo del Congreso, sino de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que tendría 30 días hábiles para resolver.

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