TC evaluará este martes admisión de la demanda contra ley que suspende peajes
La titular del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, mencionó que el magistrado Augusto Ferrero será el ponente del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Poder Ejecutivo.
La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, informó que este martes (09:30) evaluarán la admisión de la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo en contra de la Ley N° 31018, que suspende el cobro de peajes en el ámbito nacional durante el estado de emergencia por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).
En declaraciones para Andina, Ledesma Narváez indicó que el magistrado designado para elaborar la ponencia sobre el recurso es Augusto Ferrero.
“Se ha recibido la demanda de manera electrónica, porque justo los procesos de inconstitucionalidad son uno de los procesos que tenemos digitalizados en el Tribunal Constitucional”, expresó.
Tras ello, la letrada explicó que existen dos posibilidades frente a un recurso de la naturaleza como la presentada por el Gobierno: la admisión o no, pero, en el caso de la segunda, esta se podría dar debido a alguna irregularidad. Se podría declara inadmisible o sería rechazada de plano.
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“En el supuesto que el pleno admita a trámite se notificará a la parte demandada, que es el Congreso para que conteste la demanda que le ha planteado el Ejecutivo, para esa contestación el Parlamento tiene un plazo de 30 días hábiles”, continuó.
Acto seguido, ya con la respuesta del demandado, se convoca a una sesión para el informe oral de ambas partes. Acabado este proceso, el pleno del Tribunal Constitucional está habilitado para resolver el caso.
“Como es un proceso digital, posiblemente será un proceso rápido porque iremos a notificaciones electrónicas, a todo digital”, agregó.
El último martes 2 de junio, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucional en contra de la ley que suspende el cobro de peajes, que fue aprobada por insistencia en mayo último por el Parlamento.
Según difundió La República un día después de la presentación, el procurador público que representa al Gobierno ante el TC, Luis Huerta, explicó que este requerimiento se sustenta en el artículo 137 de la Constitución, que señala la competencia del Ejecutivo para decretar los estados de emergencia y disponer medidas que considere pertinentes.
Bajo ese contexto, en la demanda se indica que es prioridad del Gobierno mantener la red vial para el tránsito de vehículos, sin embargo, para asegurar ello, es necesario el financiamiento que proviene del cobro de peajes.
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