Investigado por peculado y asociación ilícita, es asesor en el MEM
Restricciones. Poder Judicial ya dispuso medidas de comparecencia en su contra, incluyendo el pago de 20 mil soles por concepto de caución.
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene como uno de sus asesores a Víctor Mauricio Marín Aponte, quien es investigado en la Primera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y al momento tiene dos resoluciones judiciales que le han dado comparecencia con restricciones, al encontrar fundadas las acusaciones en su contra, por presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir en calidad de autor y peculado doloso agravado, en calidad de cómplice.
La primera resolución, del 2 de octubre del 2017, establece que los argumentos invocados por la fiscal “resultan suficientes para establecer la vinculación del investigado requerido con los hechos que se le atribuyen”.
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Añade que a Marín Aponte se le imputa “la pertenencia a una organización criminal destinada a captar fondos públicos obtenidos como consecuencia de la ejecución de cobranzas coactivas fraudulentas”.
Por tanto, declaró fundado el requerimiento de comparecencia y le impone el pago de una caución de veinte mil soles. La defensa de Marín Aponte apeló, y los jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en delitos de Corrupción confirmaron la decisión.
Marín, en su condición de director de la oficina de Asesoría Jurídica del INGEMMET entre agosto del 2011 y setiembre del 2012, habría tenido “conocimiento de información privilegiada para la organización criminal de la que formaría parte” y “suscribió diversa documentación, brindando opiniones y/o memorandos a efectos de favorecer la ejecución de las cobranzas coactivas fraudulentas contra fondos públicos inembargables a favor de municipalidades de Centros Poblados”.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó a La República que Marín “no cuenta con ninguna prohibición ni impedimento legal para contratar con el Estado. No tiene prisión suspendida, ni mandato de detención, ni sentencia firme”.
El exprocurador Antonio Maldonado pidió coherencia con el discurso gubernamental y su postura firme de lucha contra la corrupción. “La respuesta del MEM es una que daría el abogado del investigado, no el ministerio, que debería reflejar lo que dijo el presidente Vizcarra, quien se ha comprometido públicamente a una lucha frontal contra la corrupción”, cuestionó.
