Ministerio de Justicia propone plan para descongestionar penales ante el COVID-19
Reconvertir las condenas por omisión a la asistencia familiar, acelerar los procesos por deuda alimentaria, ver beneficios penitenciarios y atender apelaciones y cese de prisión preventiva.
Ante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y la alta sobrepoblación penitenciaria, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero propuso al Poder Judicial una serie de medidas para reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y los centros juveniles del país.
En este momento los 68 centros penitenciarios del país soportan una población de 95,648 reclusos, según datos del Instituto Nacional Penitenciario, a diciembre del 2019. La sobrepoblación penitenciaria llegan a 55,411 internos que representan el 138% de albergue instalada. Esto supone que hay casi tres internos dónde solo debería haber uno.
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Lo primero que plantea el Ministerio de Justicia (MINJUS) es dar mayor celeridad a los procedimientos de conversión automática de penas de prisión efectiva a pena condicional a los reclusos condenados por delito de omisión a la asistencia familiar.
“Los potenciales beneficiarios de esta medida serían, aproximadamente 2,766 internos, quienes podrían abandonar los penales tras el pago de sus deudas alimentarias”, precisó el Ministerio de Justicia.
Para ellos, propone una serie de ajustes normativos que permitan simplificar y hacer más expeditivos el trámite de estos casos, para que los jueces solo verifiquen que ya se realizó el pago de la deuda alimentaria y la reparación civil correspondiente.
Sin embargo, esta medida solo disminuiría a un 5% de la población excedente en los centros penitenciarios del país, por lo que es urgente que desde el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial adopten otras medidas. No hacer nada podría generar caos y muertes en los penales de ciudadanos que legalmente están bajo protección del Estado.
Por eso mismo, el Ministerio de Justicia planteó la necesidad de que los juzgados de emergencia, que funcionan durante la etapa de inmovilidad social obligatoria, puedan dar prioridad a los procedimientos de conversión automática de penas y procurar culminar los procesos a la brevedad posible. Algo que incidirá en los nuevos ingresos.
Igualmente, le han pedido al Poder Judicial acelerar el trámite de los pedidos de beneficios penitenciario de semilibertad, liberación condicional, cese o variación de la prisión preventiva y se disponga la libertad inmediata de los procesados, cuando al vencer el plazo de la prisión preventiva, todavía no se haya dictado sentencia, si se haya iniciado el juicio público.
