Mónica Saavedra será investigada por no declarar una condena judicial en su hoja de vida
Cuando postuló al Congreso, Mónica Saavedra no consignó en la declaración jurada de su hoja de vida una sentencia firme en su contra por violencia familiar.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la parlamentaria Mónica Saavedra. La Octava Fiscalía Penal de Lima, a cargo de la fiscal Patricia Miranda, iniciará pesquisas contra la congresista de Acción Popular por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo.
Saavedra Ocharán no consignó en su hoja de vida para postular al Congreso una sentencia firme en su contra por violencia familiar. En 2013, el Segundo Juzgado de Familia Transitorio abrió un proceso contra ella y su esposo, Marco Antonio Soko, por haber ejercido maltrato psicológico hacia el hijo menor de ambos.
La disposición para abrir la investigación se dio el 5 de marzo luego de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, devolvió el caso a la Octava Fiscalía Penal de Lima ya que el delito imputado contra Saavedra se habría cometido antes de asumir el cargo de congresista y, por tanto, debía ser abordado como un caso penal común, señalan fuentes de la Fiscalía a La República.
Este organismo ya ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones y la Corte Superior de Lima la documentación para las pesquisas preliminares.
Mónica Saavedra será investigada por no declarar una condena judicial en su hoja de vida
Mónica Saavedra no declaró sentencia por violencia familiar
El proceso contra la congresista y su pareja se conoció en febrero de 2020. El Jurado Electoral Especial (JEE) recibió esta información de la Corte Superior de Lima recién el 10 de enero del 2020, cuando el plazo para excluir una candidatura era hasta el 20 de diciembre. Por ello, el JEE remitió el caso a la Fiscalía.
Ante ello, Mónica Saavedra dijo haber creído que el tema quedó zanjado. Señaló que “no es posible que cuando uno denuncie un hecho, termine siendo denunciada”. Agregó que en el periodo fue víctima.
El caso fue resuelto el 20 de noviembre del 2013, al declararse fundada la demanda; según el JEE, la parlamentaria no presentó recurso de impugnación, por lo que la decisión judicial quedó firme.
Frente a ello, el juzgado de familia ordenó terapias psicológicas individuales para los involucrados e indicó que al acatar con las medidas dictadas, el proceso se daba por culminado.
