GLP: El imposible ducto de Pisco a Lurín

La tragedia de Villa El Salvador ha causado 23 muertos. Los medios ya han informado sobre las causas y las responsabilidades del Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin, las autoridades de transporte y las municipalidades (1).

Veamos acá un tema poco conocido, pero clave. El 90% del GLP que se consume en el Perú, y en Lima, proviene de los líquidos del gas que se procesan en la planta de Pisco del Consorcio Camisea (CC). Este GLP llega a Lima en dos modalidades: en barco, desde Pisco al Callao y en camiones cisternas de Pisco a Lima.

Ambas formas de transporte tienen serios problemas de seguridad energética y de confiabilidad en el suministro. Por ello, desde el Estado se formuló en el 2007 un proyecto para construir un ducto de GLP de Pisco a Lurín (política que emplean Bolivia y Colombia).

Dijo Proinversión que habría una reducción de las tarifas de transporte y almacenamiento, y en el precio. Además, ya no estaríamos a merced de las mareas anómalas (cada vez más frecuentes por el cambio climático) que obligan al cierre de puertos, provocando serias crisis de desabastecimiento.

Y habría una reducción de incidentes medio ambientales y de accidentes de transporte: todos los días 90 camiones cisterna con capacidad de carga de 15 toneladas de GLP salen de Pisco a Lima y, también, a otras ciudades. Este es uno de los principales problemas, ver Villa El Salvador.

Del 2007 al 2010 hubo una iniciativa privada del consorcio GyM y Oiltanking, que se aprobó con el DS-2008-EM de Alan García. Esta iniciativa fracasó y, finalmente, terminó en arbitraje.

En el 2011 el Estado retomó el proyecto y Proinversión anunció varias veces un Concurso Público. La última vez fue en el 2015, donde se consigna una inversión de US$ 250 millones para 30,000 barriles diarios de GLP (70% de la demanda de Lima). Pero nada. Hoy, el ducto duerme en Proinversión.

¿Por qué? El gobierno no ha dado una razón explícita. Sin embargo, una podría ser que el CC no lo considera conveniente, ya que el GLP llega al Callao, donde varias empresas, entre ellas Repsol, tienen ya construidas plantas de almacenamiento y distribución (costo hundido importante). Si llegara a Lurín, serían necesarias nuevas inversiones.

Dilema: de un lado, la seguridad energética y de abastecimiento, además de la reducción de conflictos ambientales y de accidentes de transporte. De otro, los intereses empresariales de mantener su esquema de negocios, lo que puede ser legítimo.

Cae de suyo que el Estado debe priorizar la seguridad energética. Pero como en el Perú sigue rigiendo el Estado subsidiario (que en Chile, nuestro referente, está llegando a su fin), entonces quien gana es siempre la empresa.

¿Por qué? Porque el Estado no puede decidir el destino de la molécula (que vaya a Lurín) ya que ésta es propiedad de la empresa por la Ley 26221 de 1993. Además, tiene un contrato-ley protegido por el Artículo 62 de la Constitución, que dice que éste no puede ser modificado ni siquiera por el Congreso, sino solo por acuerdo entre las partes. Y si no hay acuerdo, pues todo sigue igual. Eso es lo que hay que cambiar, pero los gobiernos no se atreven.

Hay más temas, entre ellos, la falta de un verdadero plan de masificación, vía gasoducto sur peruano, que reduciría el consumo de GLP por el gas natural que es más seguro y menos contaminante. También el problema del GLP a granel que usa ilegalmente el GLP envasado, de menor precio, lo que nos cuesta decenas de millones de soles. Volveremos.

Mientras tanto, el problema central sigue siendo el Estado subsidiario y, además, débil en sus instituciones y su labor de fiscalización.

(1) Editorial de La República: Https://larepublica.pe/politica/2020/02/02/cuenta-fatal-editorial/