Nuevo de verdad

El mandato electoral mayoritario del 26 de enero fue a favor de la moderación y el cambio, los electores respaldaron desde las urnas la entrada al Congreso de partidos que se expresaron a favor de las reformas y en contra de las prácticas obstruccionistas del Parlamento disuelto.

Para que ese mandato se concrete, los electores que se encontraban dispuestos a invalidar su voto de acuerdo a los sondeos de opinión, cambiaron el sentido de su expresión, es decir, no se anularon su voto, de modo que se hiciese más contundente el rechazo a los partidos defensores del Congreso disuelto, impidiendo la entrada al nuevo Parlamento al Apra, Solidaridad Nacional, Contigo y el PPC, y castigando severamente al fujimorismo que pasó de 73 legisladores a 13.

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Sobre esta base, el Congreso que se instalará en breve plazo debe ser nuevo de verdad. Para garantizarlo, su primera tarea es proveerse de un discurso razonable que concuerde con el voto nacional, alejando desde el inicio la tentación de la palabra fácil y enconada, que fue característico de los grupos castigados el 26 de enero.

Esta conducta no solo alude a lo verbal sino a una plena disposición para el consenso, y en este punto reside el segundo mandato que emerge de las urnas, es decir, realizar en el plazo más breve posible una agregación de bancadas que se encuentren dispuestas a formar parte de una mayoría parlamentaria que le permitan al nuevo Congreso gobernabilidad y eficacia, prescindiendo de las bancadas de la confrontación, las nuevas y las anteriores.

Algunos anuncios públicos indican que varios partidos se han embarcado en esa tarea. No hay mucho que buscar para encontrar una hoja de ruta de un Congreso concertado hacia adentro y en disposición de colaborar con el Ejecutivo sin renunciar a la fiscalización y a la independencia política. Se encuentran allí las reformas políticas y de la administración de justicia que el anterior Legislativo dejó inconclusas, las que el Ejecutivo enviará, lo que cada partido trae en agenda y que son posibles de concertación, y las demandas referidas a sectores vulnerables, consumidores insatisfechos y las poblaciones en conflicto.

De ese esquema quedan visiblemente fuera los anuncios de amnistía propuestos por voceros de UPP, las ofertas populistas de pena de muerte, imposibles jurídicamente y por sentido común, cualquier expresión discriminatoria o reacción que instale un clima de confrontación artificial. Si se trata de empezar de nuevo, bievenidas la prudencia y la sensatez.