Año movido
“Lo decisivo es el involucramiento de la sociedad en la lucha contra la corrupción. Esa misma que hace un año obligó a Chávarry a reponer a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez”.
El año que termina ha estado marcado por la lucha contra la corrupción, de una parte, y la tenaz resistencia de las fuerzas comprometidas en el esquema corrupto y corruptor que se creó durante el primer gobierno de Alan García y se perfeccionó e institucionalizó durante la década de gobierno de Alberto Fujimori y durante los gobiernos siguientes -con la breve interrupción del gobierno de Valentín Paniagua, que dio una decidida lucha contra la corrupción en las Fuerzas Armadas-.
Lo característico de esta trama corrupta es el involucramiento en sus redes de virtualmente todas las instituciones significativas del país. Redes corruptas en el sistema judicial, duchas en encubrir a los culpables (recuérdese a César Hinostroza indagando, luego de preguntar si una niña había sido desflorada o no, si querían reducción de pena o absolución del acusado). Redes de compadres y hermanitos, intercambiando favores a la hora de emitir sentencias: hoy te apoyo en tu caso, mañana tú me apoyas en el mío. Contactos útiles en comisarías y juzgados para desaparecer evidencias: discos duros y memorias USB perdidos, documentos borrados, expedientes extraviados, etc. Por supuesto, relaciones también en el poder ejecutivo, la prensa y, especialmente, en el poder legislativo.
¿Cómo terminó el Congreso convertido en la encarnación de todo lo que había de podrido en el sistema político peruano? ¿De dónde salió la recua de representantes que el fujimorismo llevó al parlamento? Diría que fue la combinación de dos factores relativamente independientes. Por una parte, la perversión contenida en las normas legales electorales, que dieron al fujimorismo, que había obtenido el 19% de los votos emitidos, la mayoría absoluta, con el 56% de las curules. Por otra parte, la representación parlamentaria fujimorista estuvo formada por invitados en un 85%, y el encargado de seleccionarlos fue Joaquín Ramírez, que tiene abierta una investigación de la DEA norteamericana por lavado de fondos provenientes del narcotráfico. ¿Qué otro tipo de representantes, distintos de los que llevó al parlamento, pudo haber escogido?
Por estas razones, el evento político del año fue la disolución del parlamento, decretado por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre. Su decisión fue una bofetada para quienes como Vitocho lo calificaban de pusilánime y aseguraban que no se atrevería. Fue precedida por una larga serie de iniciativas del aprofujimorismo que tenían como objetivo final la vacancia de Martín Vizcarra, como antes lo habían hecho con PPK. En el empeño se lució Mauricio Mulder, que en décadas de actividad política no ha presentado una sola iniciativa parlamentaria valiosa, pero ha hecho perder miles de horas/hombre e ingentes recursos económicos al país, impulsando iniciativas tinterillescas que terminaban siendo declaradas inconstitucionales por el TC. Merece asimismo una mención especial Rosa Bartra, que al costo de millones de soles contrató 25 asesores, aparte del personal auxiliar, para excluir de responsabilidades en el informe de la Comisión Lava Jato a Alan García y Keiko Fujimori.
La red mafiosa no se queda ahí, sino involucra -ahora lo sabemos-a la prensa, bufetes de abogados, los principales empresarios del país y sus gremios empresariales. Y no olvidar que detrás está el narcotráfico.
La lucha contra la corrupción ha llegado hoy hasta donde nunca antes se llegó. Lo decisivo es el involucramiento de la sociedad en la lucha. Esa misma que hace exactamente un año obligó a Pedro Chávarry a reponer a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, después de destituirlos aprovechando el Año Nuevo.
