Abogado de Ollanta Humala señala que aportes a campañas no serían delito
En el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, la defensa legal del expresidente indicó que las supuestas entregas de dinero a su defendido sucedieron antes que se prohíba el financiamiento a campañas politicas.
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Wilfredo Pedraza, abogado del ex jefe de la nación, Ollanta Humala sustentó que su defendido y su esposa no habrían infringido ningún delito respecto a los aportes entregados por Odebrecht y OAS, puesto que el financiamiento a los partidos políticos recién se ha prohibido en agosto de 2019.
Expresó que los aportes de dinero entregados para la campaña política del año 2011 fueron de privados a privados, “sin que se haya comprometido ningún recurso natural”.
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Pedraza agregó que el “supuesto aporte que el fiscal les atribuye" configura un tema vinculado a la ley de partidos políticos en el que recién se determinó este año, el delito de los aportes ilegales a estas organizaciones.
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“Antes de agosto, cualquier asunto vinculado con el financiamiento para partidos políticos resultaban una conducta atípica y solo debería regularse, investigarse y sancionarse en el ámbito administrativo”, aclaró.
Asimismo, detalló que no existe adenda, ni contrato contra esta situación. “Ese supuesto aporte tendría que resolverse aplicando el procedimiento de investigación y sanción que existe en la ley de partidos del 2002 y, en efecto, de esa ley lo que es evidente es que en agosto de este año en nuestro país recién se ha tipificado el delito de financiamiento ilegal”, acotó Pedraza.
El abogado del exmandatario afirmó también que hay un “exceso y uso abusivo" de pedidos de prisión preventiva de la fiscalía.
“Tengo la convicción absoluta que, en materia de prisión preventiva, hay un exceso, un uso abusivo de parte de la fiscalía. Es evidente que casi todas las prisiones preventivas o terminan con libertades por exceso de detención o terminan revocadas por una instancia superior”, manifestó.
En ese sentido, señaló que las prisiones preventivas son una “forma simbólica de luchar contra la corrupción”, que más allá de cumplir con ello la “deslegitima”. Además, indicó que les hacen un “enorme daño a su familia”, y que toda investigación debe realizarse sobre la base de “elementos probatorios y en libertad”.
