¿Quién teme a la Asamblea Constituyente?
Indira Huilca (*)
Al renunciar PPK se abrió un nuevo capítulo de reordenamiento de fuerzas políticas en el país. La gran movilización contra el ilegal indulto para A. Fujimori y el entusiasmo ciudadano por la reforma política y el avance de la justicia anticorrupción hacían pensar en la posibilidad de una transición protagonizada por la calle, activa y vigilante.
En el año y medio transcurrido, el gran frente conservador –fujimorismo, aprismo y gran empresariado– jugó todas sus cartas para frenar esta posibilidad. Echando mano de todos los grises de la ley o torciéndola a su favor, han logrado aplazar, desnaturalizar o boicotear toda iniciativa de cambio, sea en el plano político o en el judicial.
Con gran desprecio a las mayorías, “durmieron” los proyectos de reforma política, blindaron a jueces y fiscales corruptos y, en la semana última, han archivado el adelanto de elecciones, mientras alistan el zarpazo final para capturar el Tribunal Constitucional (TC). Si bien su prioridad es la liberación de Keiko Fujimori, la disputa por el TC va más allá, en tanto esta instancia es la máxima garante de los derechos ciudadanos, de la imparcialidad en las causas anticorrupción y de la correcta aplicación de la ley en casos, por ejemplo, de millonarias controversias tributarias, áreas en las que el frente conservador tiene cifrados sus intereses.
En este ciclo, el protagonismo pasó de la calle al Congreso, un espacio controlado por fuerzas cuyo “motor y motivo” principal no es otro que la impunidad. Tanto para los medios, como para el gobierno de Vizcarra, la voz de la ciudadanía se redujo a las encuestas de popularidad, a cifras a lanzarse unos a otros para robarse el oxígeno de un sistema que no da para más. El desgaste es evidente y la ciudadanía, más que vigilante y activa, aparece hoy comprensiblemente hastiada y desconfiada.
El malestar no es gratuito. Las salidas ante la crisis de sistema político –cuatro presidentes procesados, un TC en disputa y una eventual sucesión gubernamental que más suena a amenaza– se reducen según sus actores a un lío de procedimientos (proyectos de ley, comisiones archivadoras, cuestión de confianza). Todo ello de espaldas a la gente, a cuya movilización se teme y se combate, incluso desde el gobierno que intenta contener a la mafia (mientras pasa leyes contra los trabajadores del campo y las ciudades).
Ninguna de estas salidas reconoce lo fundamental: la democracia postransición, que nació negociada con los herederos de la dictadura, ha caducado. El gobierno de PPK, summum de la República Empresarial, fue su canto de cisne. La salida de fondo de la que los poderosos no quieren hablar es la que proponemos en Nuevo Perú: Asamblea Constituyente. La Constitución del 93 inauguró un sistema en el que los privados siempre ganan y el pueblo y el Estado siempre pierden. Si ese pacto se mantiene, es apenas por arreglos de corto plazo. ¿Quién le teme a una Constituyente? Los que saben que sus privilegios están en juego. Quienes queremos el fin de esos privilegios, lo que buscamos es que se discuta cómo recuperar la democracia que la corrupción empresarial y política han capturado.
(*) Congresista de la República.
