Piden incorporar 9 empresas vinculadas a Gonzalo Monteverde al caso Odebrecht | José Domingo Pérez
Poder Judicial evaluará el próximo 26 de setiembre la incorporación de nueve personas jurídicas que hicieron presuntas transferencias con dinero de Odebrecht.
La República en GooglePor: Alonso Collantes
El juez Jorge Chávez Tamariz fijó para el siguiente jueves 26 de setiembre a las 10 a.m. la audiencia para analizar el pedido fiscal para incorporar al caso Odebrecht 9 empresas vinculadas al prófugo Gonzalo Monteverde.
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La sesión, que debió realizarse esta mañana, tuvo que ser reprogramada luego de que el fiscal adjunto de José Domingo Pérez, Henry Amenábar, presente un escrito de más de 400 páginas con nuevos elementos de convicción que sustentan el requerimiento del Ministerio Público.
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Asimismo, en virtud a esa nueva disposición el magistrado cambió de fecha para dar un tiempo razonable a los abogados y puedan defender a las personas jurídicas sobre la base que indica la Fiscalía.
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En ese sentido, las empresas que podrían ser incluidas a la investigación preparatoria contra Monteverde por supuesto lavado de activos son las constructoras Dimaco S.A.C, Arcano S.A.C, Isagon S.A.C., Construmaq S.A.C. y Arcano S.A.C.
En cuanto a otros rubros, también podrían incorporarse las empresas División Maquinaria Antares, Casa de Cambio La Moneda S.A.C., Cementarios Generales S.A.C. e Inversiones Turísticas Miraflores.
El Ministerio Público también solicitó la inclusión de la empresa Constructora Área S.A.C., una de las más representativas en el circuito de transferencias con dinero ilícito de Odebrecht. No obstante, el fiscal Amenábar retiró su pedido sobre ella puesto que fue liquidada en el año 2013.
Gonzalo Monteverde continúa prófugo
En doble instancia, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 36 meses a Gonzalo Monteverde, su esposa María Isabel Carmona y el exsocio de ambos Jorge Salinas.
Los investigados, sin embargo, permanecen prófugos de la justicia desde el 12 de marzo de este año. Además, se les imputa lavado de activos por haber recibido alrededor de US$29 millones de la ‘Caja 2′ de Odebrecht entre los años 2007 y 2015.
La reparación civil que ha solicitado la Procuraduría ad hoc por este caso, además, ha sido de US$49 millones a favor del Estado.
