Escuadrón de la muerte: dictan 36 meses de prisión preventiva para Raúl Prado

El Poder Judicial ordenó también orden de captura contra Raúl Prado Ravines, uno de los presuntos cabecillas del grupo de policías que asesinaban extrajudicialmente a presuntos delincuentes.

Raúl Prado
Raúl Prado

Escuadrón de la muerte. El juez Víctor Zúñiga dictó este jueves 36 meses de prisión preventiva contra el comandante en retiro Raúl Enrique Prado Ravines, acusado de ser uno de los cabecillas de grupo de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), que simulaban operativos y asesinaban extrajudicialmente a presuntos delincuentes.

El magistrado emitió la medida cautelar y una orden de captura por considerar que hay peligro de fuga y riesgo de obstaculizar las investigaciones. Prado Ravines no se presentó a la audiencia de este jueves y se desconoce su paradero.

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El Ministerio Público acusa al comandante en retiro, con alias ‘Kike’, de aprovechar su posición de oficial de la PNP y de "haber encontrado condiciones favorables para conformar un grupo de efectivos policiales que compartían el mismo proyecto criminal”.

En abril del presente año se inició las audiencia de prisión preventiva que solicitó el fiscal de Crimen Organizado, Álvaro Rodas, quien presentó el requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria.

El representante del Ministerio Público solicitó 36 meses de la medida cautelar para Raúl Enrique Prado Ravines, como para 44 efectivos de la Policía Nacional, quienes habrían sido parte del llamado “Escuadrón de la Muerte”.

Entre los procesados figura el jefe de la Dircote, general PNP (r) Vicente Álvarez Moreno, el coronel PNP (r) Cesar Iturrizaga Cruzalegui, el comandante PNP Raúl Prado Ravines, entre otros ex efectivos policiales.

El escuadrón de la muerte

La investigación al grupo policías acusados empezó en enero de 2015, pero las audiencias para solicitar la prisión preventiva inició en abril de este año. Para la Fiscalía los agentes abatían a presuntos delincuentes y secuestradores en supuestos enfrentamientos que habrían sido simulados para lograr “operativos exitosos”.

Las víctimas de la supuesta organización criminal serían 27 presuntos delincuentes, muertos entre 2011 y 2015 en Lima, Chincha y Lambayeque.

Los operativos cuestionados se ejecutaron sin la presencia de un fiscal y mientras la Policía se afirmaba en su versión del enfrentamiento, los testigos refutaban que esta situación se haya producido, y las pericias respaldaban estos testimonios.

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