Salvador Heresi negó tener injerencia en contratación de su hermana
Pese a que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe, la hermana del vicepresidente del Congreso Salvador Heresi prestó servicios como proveedora de la Municipalidad de Miraflores.
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El congresista de Contigo Salvador Heresi se pronunció por los servicios de abogada que su hermana Cecilia Heresi Chicoma brindó para la Procuraduría Pública Municipal de Miraflores pese a que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe.
Mediante una nota de prensa, el también segundo vicepresidente de la República precisó que no ha tenido ninguna injerencia en su contratación. “Mi hermana es abogada. Durante 20 años ha trabajado profesionalmente en diferentes municipios y ha ejercido la cátedra en gobiernos locales”, indicó.
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"Los impedimentos de los que habla la Ley se concuerda con el Derecho al Trabajo y la autonomía de los gobiernos locales consagrados en la Constitución. Así pues, la norma de contrataciones se refiere al impedimento de venderle bienes y servicios logísticos para el estado y que no dudo que mi hermana, ante cualquier acción de control, sabrá hacer valer sus derechos”, agregó.
La República reveló que la hermana de Salvador Heresi fue proveedora del Estado y brindó servicios de asesoría en procesos civiles, administrativos y de derecho municipal de la comuna miraflorina. Por el trabajo realizado, Cecilia Heresi recibió el monto de 7 mil soles, según el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) de la Contraloría
Según la ley de Contrataciones del Estado N° 30225, los parientes de segundo grado de consanguinidad están impedidos de realizar servicios a la administración pública. Pese a conocer las normas, Cecilia Heresi fue proveedora del municipio.
Esposo de Yeni Vilcatoma contrató con el Estado
Este no es el único caso. El esposo de la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma hizo lo propio y contrató con el Estado por 80 mil nuevos soles de manera irregular. Manuel Elera Moquillaza trabajó para tres instituciones públicas: la Contraloría General de la República, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Confrontada con las contratos entre su esposo y el Estado, la congresista Yeni Vilcatoma se limitó a responder al citado medio que la revelación periodística representaba una “persecución política”.
