Cuestión política y cuestión social

Quien se incomode porque esta etapa ha empezado a ser dinamizada –cuando no jaqueada- por las demandas sociales, debería reconocer que no existe una transición estrictamente política y que al abrirse la agenda pública, esta contiene todas las expresiones de una larga coyuntura crítica, irresuelta y acumulativa. Ese es el sentido de un proceso donde todo o casi todo se juega nuevamente, y no solo se barajan las cartas.

Es errada la idea de que en la transición, cuyos plazos se fuerzan desde el 28 de julio, solo existe una “cuestión política”. Las actuales batallas que se libran en los espacios institucionales derivan de una “cuestión social” que no puede ser negada, y que al ser irresuelta muestra una realidad que también reclama cambios fuera de los códigos partidarios. Todo ello hace de este escenario pleno de perspectivas relacionadas con la vida cotidiana de los peruanos.

La transición 2000-2001 sacrificó la cuestión social, a pesar de que las demandas por democracia habían incorporado críticas de fondo al modelo social y económico impuesto el 5 de abril de 1992. Solo que en la fase final del gobierno de Fujimori, la naturaleza del poder oscuro y la hegemonía liberal opositora en esa etapa, hicieron a un lado la agenda social de modo que la disyuntiva en las elecciones del 2001 fue fundamentalmente política. Distinto fue el derrotero de la otra transición, la de 1977-1980, donde ambas cuestiones, la política y social, fueron parte del proceso, reflejadas en el texto de la Constitución de 1979, en el contexto de una crisis económica en progreso.

Dos esferas componen la política peruana de estos días. La esfera externa es la más compleja, y la más desordenada. Allí se advierte más incertidumbre y es donde se queman etapas aceleradamente desde el año 2016: una sucesión constitucional, dos presidentes, pedidos de vacancia, cuatro gabinetes, tres cuestiones de confianza, 12 bancadas parlamentarias para 130 congresistas, una reforma constitucional con referéndum, un organismo constitucional desactivado, entre otros sucesos.

Pero la otra esfera, la interna, es la más decisiva y sobre ella se ha profundizado poco. Es el fondo del proceso que transitamos, el que hace gran parte de la promesa de cambio en esta hora, su motor y motivo, y que resume el agotamiento de un sistema que, siendo fuerte todavía y habiendo conseguido logros notables, no puede producir más un orden estable para satisfacer a una sociedad que ha cambiado radical y rápidamente en solo dos décadas, luego de la reducción de más de 35 puntos de pobreza y la duplicación de las clases medias.

El reclamo por un nuevo consenso que no sea exclusivamente político –que ya nos llevó a 20 años de cuerdas separadas- no puede quedar esta vez fuera. Por ahora, por tradición y programa, la centralidad de la cuestión social solo es enarbolada por la izquierda y los movimientos sociales, una fuerza todavía marginal en esta transición. Ahí reside quizás parte de las potencialidades de lo que se denomina “la calle”, una variable cuyo volumen y fuerza es todavía incierto, no para construir una alternativa radical y sectaria sino para promover un proyecto plural y amplio que se haga cargo del cambio democrático.

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