Un trueno en cielo sereno

“Lo que quiere Vizcarra es que se vaya la banda delincuencial atrincherada en el Congreso. Si el precio es irse él mismo, está dispuesto a pagarlo”

Nelson Manrique
30 Jul 2019 | 1:31 h

El naufragio de las reformas políticas aprobadas por votación popular parecía el anuncio del fracaso final del régimen de Martín Vizcarra. La cuestión de confianza que planteó para que el Congreso promulgara las medidas de la reforma, “sin alterar su esencia”, se había constituido -luego de que los fujimoristas las deformaran a su gusto y discreción- en una trampa que aparentemente solo tenía como salidas la rendición, que preludiaría la vacancia presidencial, o el cierre del Congreso, en una situación jurídica problemática y con un respaldo pasivo, sin movilización popular.

Los fujiapristas festejaban que se habían salido con la suya. La noche del viernes un desafiante Jorge del Castillo proclamaba que vacarían al presidente si se atrevía a plantear la disolución del Parlamento. Al día siguiente los fujimoristas impusieron en el Congreso una mesa directiva que ilustra lo que es hoy el partido de Keiko Fujimori: una irrepetible combinación de la sensibilidad social de Pedro Olaechea, la reconocida inteligencia de Karina Beteta, y la honestidad de Salvador Heresi.

De repente, en un discurso presidencial de corte tradicional, el presidente Vizcarra soltó la bomba: un pedido de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales, para que se vayan todos, legislativo y ejecutivo, incluido él mismo. Esta decisión dejó sin piso la campaña fujiaprista que lo acusaba de pretender cerrar el Parlamento para convertirse en un dictador. Transmitió, además, una imagen de desprendimiento, que contrastaba vivamente con la desesperación con que apristas y fujimoristas se aferran a unas curules que en muchos casos son el escudo postrero para no terminar en prisión por delitos comunes. No en vano el núcleo central del conflicto con el ejecutivo fue que el Parlamento renunciara a la atribución de levantar la inmunidad parlamentaria.

Apristas y fujimoristas se han ganado a pulso el odio y el desprecio popular. Ningún Congreso en nuestra accidentada historia ha llegado al nivel de abyección del presente, con parlamentarios que ven en su curul un excelente negocio, cuando no la garantía de impunidad para sus delitos. A lo largo de estos tres años se les ha visto blindando a delincuentes instalados en el Parlamento, protegiendo a autoridades corruptas, bloqueando las investigaciones dirigidas a combatir la corrupción, defendiendo en resumen el régimen corrupto y corruptor fundado en los 90 por Alberto Fujimori. Lo que finalmente colmó el vaso fue el blindaje al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, al que todo el país pudo ver violando una oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, para sustraer las pruebas de su asociación con el fujimorismo. Delito flagrante de obstrucción de la justicia, con pena de cárcel efectiva. Aun así, la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra decidió exculparlo. Cuestión de supervivencia, pues.

La razón que el presidente Vizcarra ha esgrimido es inapelable: en todo el país le demandan que cierre el Congreso. Su alternativa es una manera de hacerlo propiciando, con un que se vayan todos.

Apristas y fujimoristas repiten ahora como estribillo que el presidente se ha cansado y ha decidido adelantar las elecciones porque quiere irse. A la degradación del Parlamento añaden así el insulto a la inteligencia de los peruanos. Lo que quiere Vizcarra -como lo quiere la abrumadora mayoría del país- es que se vaya la banda delincuencial atrincherada en el Congreso. Si el precio para conseguirlo es irse él mismo, está dispuesto a pagarlo.

Se vienen días complicados. Nosotros debiéramos escribir el desenlace.