Licona recibió S/ 500 mil y quiso devolverlos con recursos públicos de Cusco

José Víctor Salcedo

La solicitud de prisión preventiva de ocho meses para el exgobernador regional del Cusco, Edwin Licona, y la empresaria Janet Castro sigue en debate en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria.

Licona y Castro, junto a otra veintena de personas, son investigados por delitos de colusión, peculado, cohecho, etc. Intentaron pagar S/ 11 millones 399 mil 362 a 19 empresas que no habían levantado una piedra en la descolmatación de 19 ríos.

El titular de ese despacho, Carlos Román Gil, desarrolló tres audiencias y recién concluyó el análisis de dos de los tres presupuestos para que Licona y Castro afronten en prisión la investigación por delitos de corrupción. Mañana debe tomarse la decisión.

Nuevos datos

La fiscal anticorrupción Gladys Aparicio, que solicitó la prisión preventiva, reveló hechos desconocidos. Por ejemplo, sostuvo que la exvicegobernadora prestó más de 500 mil soles a Licona, por intermedio de Gorky Béjar, para su campaña electoral en 2014.

Según la fiscal, cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que confirma la entrega de ese monto. Ese dato lo corroboró una carta notarial suscrita en su oportunidad por Vargas y en poder de la fiscal que reclama la devolución del préstamo de US$ 72 mil y S/ 336 mil 500. Vargas textualmente escribe: "Solicitándole una vez más tenga a bien honrar la deuda que usted tiene a mi favor conjuntamente con el señor Edwin Licona por préstamos dinerarios que otorgué con motivo de la campaña para las elecciones para el gobierno regional: US$ 72 y S/ 336 mil 500”, leyó la fiscal.

La tesis de la Fiscalía es que Licona intentó pagar esa deuda o parte de esta con la entrega de obras regionales a la empresaria Janet Castro. Y es que entre marzo y junio de 2015 la empresaria hizo trabajos de retiro de desmonte y nivelación de un terreno de la vicegobernadora ubicado al costado del complejo del club Real Garcilaso, en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi. Según Castro, el entonces asesor de la vicegobernadora Vargas, Gorky Béjar, la contactó y le pidió que se haga cargo del retiro de desmonte a cambio de obras en la Región. Inicialmente la empresaria pensaba que el terreno era de Licona.

Mensajes son prueba

Por otro lado, la fiscal Gladys Aparicio refirió que el exjuez de Investigación Preparatoria, Wesly Astete, avaló la incautación del celular de la empresaria Janet Castro. Esa diligencia ocurrió el 13 de marzo de 2017 y la licitud del contenido del equipo telefónico no fue cuestionada por ninguno de los abogados de los investigados.

Con ello, la fiscal Aparicio desvirtuó el argumento de los abogados de Licona y Castro, quienes señalaron que el contenido del celular era ilícito porque su incautación no contó con la luz verde de un juez. “Cuando se hizo la incautación pudieron decir: esto es ilícito, me opongo. No lo han realizado, señor magistrado”, apuntó.

Abogados cuestionan pedido de prisión preventiva

El abogado de Janet Castro, Zenón Chaiña, dijo que no hay elementos que prueben la comisión del delito de su patrocinada. Cuestionó que la fiscal haya variado el delito de colusión simple a colusión agravada sin probar un perjuicio directo al patrimonio del Estado. Por ende, Chaiña pidió que el pedido de prisión preventiva sea declarado infundado.

Asimismo, el abogado de Licona, Aldo García Calderón, refirió que la fiscal no ha corroborado las declaraciones del colaborador eficaz. “Una carta notarial entre dos personas (Piedad Vargas y Gorky Béjar) que no se llaman Edwin Licona es para la Fiscalía un elemento de convicción grave y fundado de la prisión preventiva de Edwin Licona”, enfatizó García.