“Los debemos sancionar, solo así (nos) van a respetar”

Por: Ángel Páez

Los congresistas fujimoristas más notorios de la bancada naranja han convertido la Comisión de Ética en un espacio para amedrentar, presionar y castigar a quienes se les oponen en el Congreso, de acuerdo con mensajes por WhatsApp a los que ha tenido acceso La República.

Los chats evidencian también que los parlamentarios de Fuerza Popular recurren al dominio que tienen como mayoría en el Congreso para zafar de investigaciones o acusaciones a legisladores que enfrentan graves denuncias, con la finalidad de sumar votos ante la próxima renovación de la Junta Directiva, como es el caso reciente de Moisés Mamani, acusado de tocamientos indebidos.

Los fujimoristas intercambian ideas sobre cómo causar daño en la reputación de otros congresistas mediante la búsqueda de antecedentes personales o familiares, para descalificarlos ante la opinión pública mediante la filtración de información a medios de comunicación afines.

Conspiración por chat

Marco Miyashiro, por ejemplo, compartió con sus colegas de Fuerza Popular, en el chat comunitario conocido como ‘La Botika’, información sobre el hermano de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez Alva, de Peruanos por el Kambio (PPK), con la intención de dañarla. El expolicía insertó en el chat fujimorista el link de la resolución del Tribunal Constitucional del 11 de abril del 2011, que desestima un hábeas corpus interpuesto por el suboficial EP (r) Guillermo Sánchez Alva, hermano de la congresista, condenado a 25 años de prisión por haber comercializado armamento. El sentenciado requirió al TC que habiendo cumplido 13 años de prisión ordenase su libertad porque el delito que le correspondía era el de comercialización de armas, que es de 12 años de cárcel. El TC desestimó pronunciarse sobre la calificación del delito y por unanimidad declaró improcedente el pedido del militar.

Sobre estos hechos, Miyashiro instó a sus colegas de bancada a pronunciarse, en una suerte de represalia porque Janet Sánchez, desde que asumió la presidencia de la Comisión de Ética, evitó que los fujimoristas impusieran sus dictados según sus intereses. Sin embargo, en la misma resolución del TC se advierte que al suboficial Guillermo Sánchez Alva no le correspondía la aplicación del delito de traición a la patria:

Lo que al parecer pretendía Miyashiro con la información que distribuyó era descalificar a Sánchez por los actos de su hermano, una maniobra que recuerda a las acciones clandestinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que controlaba Vladimiro Montesinos bajo el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000). Los parlamentarios de Fuerza Popular suelen practicar este tipo de ataques contra sus opositores, por ejemplo, “terruqueando” a sus adversarios, como suele suceder con los miembros de las bancadas de la izquierda.

“Para que nos respeten”

En otro caso, la fujimorista Milagros Salazar compartió un mensaje por Twitter de la excandidata de Fuerza Popular a la alcaldía de San Isidro Madeleine Osterling, quien cuestionó que la compañía “Man Chen Wang, socio de la empresa Man y Lui SRL, responsable de la intoxicación de más de 600 niños con alimentos (del) programa Qali Warma, denunciado por el MIDIS en 2014, ¿cómo es posible que se mantenga como proveedor”.

Salazar, ahora investigada por la contratación de su sobrino Ezra Meléndez Salazar como técnico en el Congreso por el legislador fujimorista Carlos Ticlla, escribió a sus colegas: “Los que están en la Comisión de Inclusión (Social y Personas con Discapacidad) deben pedir urgente explicaciones. Los desgraciados de (Marco) Arana (Zegarra) y (María) Foronda (Farro) (ambos del Frente Amplio) nos dan de alma y esta ministra (del Midis) contrata a una empresa que en 2014 ya tenía denuncia por lo mismo”.

Salazar demandó una reacción contundente contra los legisladores del Frente Amplio, como si fueran los responsables de lo que sucedía en el Ministerio de Inclusión Social: “Tenemos que enfrentar por diferentes lados, pecharlo...”.

¡A investigación!

Para zarandear a los que se les interponen en su camino, los fujimoristas recurren también a la Comisión de Ética. Así lo prueba el mensaje de Mario Mantilla ya expuesto por otros medios mediante otros chats en los que organiza ataques contra medios y periodistas, a los que llama “mermeleros” porque son críticos a ellos y al Congreso.

Se trata del mismo lenguaje y conducta que prodigaba la “prensa chicha” que, con autorización de Alberto Fujimori, financiaba con fondos públicos Montesinos para destruir a periodistas críticos del régimen. Mantilla escribió: “Tania Pariona (de Nuevo Perú) de Mafia Organizada (en el) Congreso por haber aprobado ley de 80 años”, a lo que en dos segundos respondió Karina Beteta, en términos de represalia: “Debemos denunciar a (la Comisión de) Ética y sancionar, solo así (nos) van a respetar”. Beteta también es parte de la Comisión de Ética.

Luego, el fujimorista Carlos Tubino publica en el chat ‘La Botika’ un comunicado de un grupo de empresas de transporte, y entre los firmantes aparece el congresista Justiniano Apaza (Frente Amplio). Tubino recomienda actuar de inmediato contra él por una supuesta inconducta: “¿Un congresista que es camionera (Red Star) en el sur puede firmar un comunicado a favor del negocio de camiones en el sur? ¿Esto no es un conflicto de interés que debe ir directo a la Comisión de Ética?”.

Ataques y... blindajes

Úrsula Letona de inmediato lanzó el grito de guerra: “Hay que enviar a Bankada el listado de los casos que están en (la Comisión de) Ética porfa de nuestros congresistas. Y los escandalosos de otros partidos”.

Pese a que los congresistas fujimoristas han minimizado el contenido de los mensajes, o han alegado que su contenido es coloquial y hasta inocente, lo cierto es que estos chats se suman a otros que ratifican que la bancada de Fuerza Popular utiliza prácticas antidemocráticas.

En esa línea están los ataques concertados contra otros políticos e incluso el presidente de la República (“Es el momento de atacar a Vizcarra”, escribe Letona), pero también el blindaje en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Como cuando uno de ellos “agradece la votación unánime” que le permite seguir con su labor parlamentaria y con Fuerza Popular.

“Todo está coordinado con Keiko”

- Según Marco Arana, los chats evidencian que el fujimorismo concibe la política como una guerra sucia en la que todo está permitido. “Nosotros no somos sus adversarios, sino sus enemigos, y califican a todos los demás como ‘malnacidos’ o ‘desgraciados’. Luego se hacen los ofendidos. Conducta política propia de quienes no han dejado los métodos de la peor época de Alberto Fujimori y Montesinos y todo coordinado con Keiko”, indica.

- Para Tania Pariona, la Comisión de Ética no es imparcial. “Está sujeta a la votación de la mayoría, por eso vemos graves casos que van directo al archivo. Por eso el Congreso da imagen de impunidad, una muestra de abuso de poder de una bancada que impone su mayoría en su beneficio”, acusa.

Prácticas extorsivas en la Comisión de Ética

Miyashiro escarba en antecedentes penales del hermano de la presidenta de Ética para luego sugerir, falsamente, que eso podría afectarla a ella. Un modo de presionarla a través de esta información.

En el caso de Carlos Bruce, cuestionan el que se le haya salvado, como si después de eso él debería actuar distinto. En otro chat, Tubino dice haber hallado el modo de llevar a la Comisión de Ética a Justiniano Apaza (Frente Amplio).

Insultos y ataques contra otros congresistas

En el chat ‘La Botika’, los fujimoristas expresan lo que realmente piensan de los congresistas que los cuestionan, pero no se atreven a decírselo personalmente. También acuerdan qué decir ante los medios cuando deben declarar contra sus ‘enemigos’.

Contra el presidente Vizcarra

Los chats revelan que no solo Úrsula Letona apunta contra el primer mandatario, también Karina Beteta, y ella es incluso más directa. ¿La razón? En este caso haberse enterado del apoyo popular a la cuestión de confianza.

Sin acusación constitucional

En esta publicación en el chat ‘La Botika’, el agradecimiento expreso a la bancada fujimorista por el voto unánime que a uno de ellos (al parecer Héctor Becerril) le permitió evitar una acusación constitucional. Un blindaje más que evidente.