Acuerdo con Odebrecht y monto de reparación civil lo definió la Ley 30737

Retraso. La inestabilidad generada por el fiscal de la Nación provocaría que la firma del acuerdo final se posponga hasta marzo, dando tiempo a los que buscan sabotear la colaboración de la empresa brasileña.,“Todavía no tenemos claro qué es lo que está pasando en el Perú”, afirma desde Sao Paulo, Brasil, un alto funcionario de la constructora brasileña Odebrecht, al tanto de las negociaciones con la justicia peruana. La situación es de desconcierto. Esa situación ha llevado a posponer las diligencias previstas. Se mantiene la línea de comunicación y la disposición de Odebrecht y sus abogados de colaborar con la justicia peruana, pero por la inestabilidad de los fiscales peruanos se pospuso -probablemente hasta marzo- dar los primeros pasos juntos. PUEDES VER: Defensoría considera posible acusar a Chávarry por infracción constitucional El retraso no tiene que ver con el cambio de gobierno en Brasil. Es consecuencia única de lo sucedido en el Perú. Si bien el cese de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez apenas duró unas 36 horas, el clima que se generó y las acciones que han tenido que desarrollar los fiscales para defender su trabajo, han provocado demoras en la elaboración de los documentos y cumplir con los calendarios previstos. El acuerdo Exactamente un mes antes, el 30 de noviembre, los representantes de la constructora Odebrecht en Lima firmaron un preacuerdo de colaboración con el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato en el Perú. La empresa se comprometía a facilitar todo tipo de pruebas -testimonial, documental y digital- para esclarecer los actos de corrupción que hubieran ocurrido con su participación en el Perú. Esta cooperación abarcará la etapa de investigación y el juicio público, todo lo cual va a durar varios, muchos años. A cambio de esa colaboración eficaz, el Estado peruano les otorgaba facilidades para el pago de la reparación civil, exoneración de sanción penal para sus directivos -todos de nacionalidad brasileña- y la posibilidad de que un juez levante las restricciones para que la constructora vuelva a trabajar con el Estado. El acuerdo final no obligará al Estado a contratar con Odebrecht, ni menos regalarle una obra. Solo significa que Odebrecht, si lo desea, podrá competir en licitaciones y si ofrece buenos precios podrá ganar. Odebrecht tampoco está obligado a presentarse a las licitaciones. Únicamente, a partir de la aprobación judicial del acuerdo, la empresa vuelve a la normalidad operacional para continuar con sus actividades lícitas en el Perú. Una normalidad que le permita, dentro de los plazos previstos, pagar la reparación civil, como está sucediendo en otros países de la región, como Estados Unidos, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala y entre otros. Marco legal El preacuerdo se alcanzó en el marco de la Ley 30737 y su reglamento, norma que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. La Ley fue debatida y aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, el 12 de marzo de 2018. El reglamento se aprobó en mayo del mismo año. Esta norma llenó los vacíos en la ley respecto a la colaboración eficaz con empresas. Antes estaba prevista solo para personas naturales. Hoy, las empresas que colaboren en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado también recibirán un beneficio. Además, la Ley 30737 estableció las fórmulas económicas para la reparación civil, ya no los procuradores como era antes. La cifra actual, cercana a los 200 millones de dólares, es superior a lo que disponen las fórmulas de la ley, señalan en la Procuraduría ad hoc. Luego, todo este preacuerdo debe ser evaluado y aprobado por un juez. Entonces, recién entrará en vigencia, y la empresa recibirá un beneficio a partir de su aprobación por un magistrado. Previamente deberían cumplirse una serie de diligencias en Brasil. Estos procedimientos son los que han quedado en suspenso. PUEDES VER: Fiscal Pérez encontró informe sobre Keiko Fujimori en allanamiento a oficinas de asesor de Chávarry El siguiente paso en el preacuerdo era que cinco exdirectivos de la compañía que trabajaron en Lima manifiesten en forma personal y con su firma su adhesión a los acuerdos. Esto debía suceder el 11 de enero en el consulado del Perú, en el N° 2439 de la avenida Paulista, barrio de Bela Vista, en Sao Paulo, Brasil. Los fiscales y el procurador deberían presentar en los días previos al 11 de enero, documentos similares a los firmados con la empresa, personalizados a cada caso, para su revisión, corrección y la firma en la fecha prevista. Inmediatamente después de esa firma, todos se trasladarían a la ciudad de Curitiba para empezar a declarar. Pero las indecisiones del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, han frustrado todo esto. Su decisión de cesar a Vela y Pérez pudo durar horas, pero las consecuencias han sido mayores. Además, mientras se mantenga en el cargo nada descarta que en los siguientes días vuelva a ocurrírsele cambiar a los fiscales. En ese clima es difícil que los fiscales avancen en la preparación de los documentos que deben presentar en Sao Paulo. El fiscal superior Rafael Vela ha declarado que podrían estar listos a fin de mes, en un clima más estable y definido. En este marco no es descabellado pensar que las acciones de Chávarry estén dirigidas a sabotear e impedir que el acuerdo de colaboración con Odebrecht llegue a buen puerto. Chávarry ha ganado tiempo. En Brasil, toda la administración pública sale de vacaciones en febrero, por lo que si no hay una alineación en los próximos días, todo se moverá a marzo. Este será un tiempo que los políticos que se verían perjudicados con la aprobación del acuerdo final podrían aprovechar para traerse abajo todo el andamiaje legal e impedir los testimonios y avance de las investigaciones. Los congresistas del Apra Jorge del Castillo y Mauricio Mulder han planteado revisar la Ley 30737 para impedir que Odebrecht reciba algún beneficio. La constructora hoy no tiene ningún beneficio, por lo que es claro que esa posición del Apra solo busca impedir los nuevos testimonios y la entrega de pruebas. En enero debió ser todo, Pedro Gonzalo Chávarry lo impidió. Esa será su legado como fiscal de la Nación. Lamentable y triste final para quien, supuestamente, hizo del Ministerio Público su casa.

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