El Parlamento no puede desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional.,El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ordenó a la Oficialía Mayor de ese poder del Estado registrar a los nuevos grupos parlamentarios que lo soliciten, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de setiembre pasado, que dejó sin efecto en parte los cambios que la mayoría fujimorista y el Apra introdujeron en el Reglamento del Congreso, la llamada Ley Antitránsfuga, con la que se pretendía controlar las críticas internas en Fuerza Popular. Como se recuerda, el TC declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad planteada por 39 congresistas contra esta norma, y calificó de inconstitucional el artículo 37 del Reglamento del Congreso en varios de sus incisos. La sentencia puntualizó que es inconstitucional que el legislador coloque restricciones al congresista que no forma parte de su bancada al haberse apartado de ella por motivos atendibles, y que a partir de ellas disminuya sus funciones y capacidad política que la Constitución les confiere de manera directa a los congresistas. El TC fue severo contra la disposición que prohíbe a los congresistas que abandonan sus bancadas formar otras, porque afecta su libertad de conciencia, asociación y participación política, y porque viola el mandato constitucional que garantiza a los legisladores no someterse a mandato imperativo o aceptar restricciones a su capacidad de votar. Siendo el TC el máximo intérprete de la Constitución, fue claro en alertar sobre que si un congresista ha sido objeto de procedimientos que lo llevaron a abandonar su bancada originaria, no puede decirse que él mismo tergiversa el sistema representativo si forma otra bancada. Por esa razón, el TC consideró que el Estado tiene el deber de garantizar la participación política de quienes hayan sido víctimas de la vulneración de sus derechos fundamentales. Es obvio que, al anular los cambios, el Reglamento vuelve a su redacción original en ese punto, es decir a que se respete la facultad de los congresistas de constituir nuevas bancadas. Por esa razón, con buen tino, el presidente del Congreso acató el fallo del TC y dispuso que se apliquen las disposiciones previas al cambio anulado. No obstante, la reacción del fujimorismo y sus aliados ha sido clamar herejía exigiendo una reunión de la Junta de Portavoces con la esperanza de que el Parlamento desacate la sentencia del TC. En su desesperación han señalado que estaba pendiente una consulta sobre este caso a la Comisión de Constitución, un procedimiento irregular; si el Congreso tuviese alguna consulta sobre este fallo debería haber acudido al TC, lo que es claramente innecesario debido a la contundencia de la posición de este organismo. El Congreso no puede sustraerse del cumplimiento de las sentencias del TC, un requisito básico del Estado de derecho y de la supremacía de la Constitución, de modo que la medida adoptada por el presidente del Congreso es correcta. Si subsisten problemas internos en las bancadas o se producen nuevos debates, estos no pueden resolverse con medidas coercitivas sino a partir de argumentos políticos.