Fuerza Popular: ¿Hay vida más allá de Keiko?

"Luego de la detención de Keiko Fujimori, el porvenir de Fuerza Popular es profundamente incierto, pero una cosa está clara: no volverá a ser lo que fue".

"Luego de la detención de Keiko Fujimori, el porvenir de Fuerza Popular es profundamente incierto, pero una cosa está clara: no volverá a ser lo que fue".

La reciente encuesta nacional urbana y rural de CPI, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 22 y 26 de octubre sobre una muestra de 1.400 personas, muestra el panorama una semana antes de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara los 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Ella comprueba que la crisis política estaba ya muy avanzada antes de este evento fundamental.

La desaprobación del Congreso ascendía al 96.1% y su aprobación era de apenas 2.8%. La desaprobación de los líderes comprometidos en el manejo del país durante las últimas décadas era también muy elevada: Alan García 93.3%, Alejandro Toledo 96.7%, Nadine Heredia y Ollanta Humala 96.0% y 93.2%, respectivamente, Alberto Fujimori 77.4%. Aunque en menor grado, la desaprobación alcanzaba a los políticos en ejercicio: Daniel Salaverry, el presidente de la mesa directiva del Congreso, 73.3% y César Villanueva, el jefe del Consejo de Ministros, 51%.

La desaprobación comprometía igualmente a los posibles candidatos presidenciales para el 2021: Alan García 93.3%, Kenji y Keiko, 88.9% y 88.7%, respectivamente. César Acuña 79.2%, Antauro Humala 78.3%, Gregorio Santos 68.2%, Verónika Mendoza 66.7%, Marco Arana 62.2%, José “Pepe” Luna 60.1%, Alfredo Barnechea 55.5% y Julio Guzmán 51.7%. 

En aprobación a los posibles candidatos presidenciales para el 2021 encabezaban Julio Guzmán, Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea con 23.9%, 20.9% y 18.0%, respectivamente. Los seguían a bastante distancia César Acuña con 11.2%, Antauro Humala con 9.8%, los hermanos Fujimori empatados en 8.9%, Gregorio Santos 8.5%, Alan García 5.6% y Marco Arana 4.3%. Lo más destacado en este panorama era el hundimiento de Keiko y el empate con su hermano-enemigo Kenji. La situación debe haber empeorado con su detención preventiva.

El Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación eran las instituciones más desprestigiadas, con 96.1%, 92.8% y 85.6%, respectivamente. Gozaban de mayor respaldo el Jurado Nacional de Elecciones con 67.6%, la ONPE con 68.4%, y los medios de comunicación con 68.4%. Puede atribuirse este último resultado al destacado papel jugado por cierto sector de la prensa, en el cual destaca IDL Reporteros, bajo la dirección de Gustavo Gorriti, destapando los grandes escándalos financieros que constituyen un componente fundamental de la actual crisis.

En este panorama político desolador, luego de la detención de Keiko Fujimori, el porvenir de Fuerza Popular es profundamente incierto, pero una cosa está clara: no volverá a ser lo que fue. Luego de llegar a su cúspide con el pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta presidencial y la conquista de 73 escaños en el Parlamento (el 56% del total) el 2016, se hundió el proyecto por la combinación de arbitrariedad, irresponsabilidad e infantil soberbia de Keiko -fue toda una proclamación que no saludara al presidente electo hasta el final- y la mediocridad de su elenco partidario, en el que ella privilegió a una fuerza de choque de voceros destacados por su agresividad, arrogante fatuidad y patanería: los Becerril, Alcorta, Galarreta y otros. Eran los que necesitaba, porque desde el comienzo estuvo decidida a expulsar a PPK de la presidencia. 

Mientras tanto, PPK leía mal la situación y trataba de conseguir una tregua que le permitiera llegar al año 2021. Conscientemente renunció a utilizar los recursos que le brindaba la Constitución -especialmente la cuestión de confianza y la posibilidad de cerrar el Congreso- para enfrentar el abusivo uso del poder de la aplastante mayoría fujimorista. Permitió que le censuraran unos ministros y forzaran la renuncia de otros, arrinconándolo contra las cuerdas. Adicionalmente, entregó el manejo de entidades importantes como el Banco Central de Reserva, la Sunat, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la ONPE, buscando ganar la buena voluntad de Keiko. Convencido de que gobernar un país era como administrar una empresa actuó con la lógica de un lobista ducho, lo cual era confundir la naturaleza del partido que estaba jugando, dando una imagen de debilidad que enervaba más a Keiko.

A medida que cedía más y más, PPK minaba el respaldo popular con que comenzó su gobierno, hasta llegar sin aire a diciembre de 2017, cuando se filtró la información de que negociaba secretamente con Kenji una amnistía para Alberto Fujimori. Keiko quería que su padre fuera liberado asegurándose de que no constituyera una amenaza para su propio liderazgo y esto se salía del libreto. Entonces movió sus fichas para asestar el golpe final a PPK, con el pedido de vacancia presidencial, abriendo así la caja de Pandora de la actual crisis, que ha terminado devorándola.

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