La preocupante razón por la que la ONG Alimenta la Solidaridad cerrará miles de comedores para niños en Venezuela
Alimenta la Solidaridad anuncia el cierre de más de 240 comedores que atendían a 12.000 niños diariamente, citando riesgos de seguridad y restricciones legales impuestas por la nueva ley de ONG en Venezuela.
La República en GoogleLa ONG Alimenta la Solidaridad informó este 15 de mayo el cierre definitivo de sus comedores en Venezuela, una medida que afecta directamente a más de 12.000 niños que recibían alimentación diaria en zonas vulnerables. Tras casi una década de operaciones, la organización humanitaria toma esta decisión en medio de un clima de creciente represión y bajo la vigencia de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que limita severamente la labor de estas entidades en el país.
Durante nueve años, Alimenta la Solidaridad mantuvo activas 240 instalaciones en 13 estados venezolanos, donde brindaba almuerzos que cubrían el 40% de la carga calórica diaria recomendada para niños en situación de desnutrición. La ONG destaca que el cierre obedece a la urgente necesidad de garantizar la seguridad de sus beneficiarios, líderes comunitarios y voluntarios ante la criminalización del trabajo comunitario.
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¿Por qué la ONG Alimenta la Solidaridad cerrará sus comedores en Venezuela?
El anuncio del cese de actividades responde a un escenario donde la protección del equipo humano y las familias atendidas se ha vuelto insostenible. Alimenta la Solidaridad denuncia que la ola de persecución y hostigamiento contra activistas, incluyendo a sus propios colaboradores, pone en riesgo la integridad de quienes forman parte de esta red solidaria.
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Según el comunicado oficial, la decisión no se tomó a la ligera: la organización es consciente del impacto que esto genera en comunidades que sufren una crisis alimentaria persistente desde 2016, año en que iniciaron sus programas. A lo largo de casi diez años, han servido 24 millones de platos de comida en territorios vulnerables, desde Aragua y Miranda hasta Táchira y Zulia.
No obstante, priorizan la seguridad física y moral de las personas involucradas, evitando exponerlas a condiciones que podrían derivar en represalias o situaciones peligrosas. Esta postura refleja un compromiso ético y humanitario frente a un contexto que restringe la operación de las ONG en Venezuela.
¿Qué dice la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG?
La nueva normativa representa uno de los principales obstáculos para la continuidad de Alimenta la Solidaridad y otras organizaciones civiles. Según el texto oficial de la ONG, esta ley impone “condiciones y riesgos que hacen inviable nuestra labor en su forma actual”.
Entre sus puntos más críticos se encuentra la limitación del derecho a la libre asociación y la criminalización de actividades humanitarias y comunitarias, lo que dificulta la realización de proyectos sociales de manera transparente y segura. La legislación obliga a cumplir con estrictos controles que, en la práctica, obstaculizan la gestión financiera y organizativa de las ONG.
Esta regulación llega en un momento donde la sociedad civil venezolana enfrenta una creciente represión. La ley no solo impone trabas administrativas, sino que también contribuye a un clima de miedo y desconfianza, afectando directamente a líderes comunitarios y voluntarios que han sostenido por años el funcionamiento de los comedores.
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