¿Qué se sabe de los dirigentes sindicales acusados de conspiración y terrorismo en Venezuela?
Los 6 sindicalistas venezolanos, quienes exigían mejores condiciones laborales, fueron condenados a 16 años de cárcel. Entérate de todos los detalles de este caso.
La República en GoogleEste lunes 7 de agosto, ciudadanos venezolanos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones gremiales se unieron en una protesta contra la sentencia de 16 años impuesta a 6 líderes sindicales. "La condena de los luchadores sociales no es más que el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela que, incluso, la anterior alta comisionada, Michelle Bachelet, había condenado, como lo contamos meses atrás", advirtió el observatorio venezolano Acceso a la Justicia.
Estos dirigentes enfrentan acusaciones de conspiración y terrorismo. La medida fue ampliamente rechazada por la población debido a que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín; lejos de ser terroristas, son activistas que abogan por los derechos laborales en Venezuela. Su lucha busca el aumento del sueldo mínimo, que actualmente se sitúa en apenas 5 dólares.
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¿Cómo fue el encarcelamiento, juicio y condena de los 6 sindicalistas?
Los 6 sindicalistas fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022. La Fiscalía General de la República presentó cargos con base en una denuncia anónima remitida por un individuo llamado Adalberto. Según la defensa, este sujeto es considerado un "patriota cooperante", un voluntario chavista autorizado para llevar a cabo labores de "inteligencia social". Sin embargo, este presunto testigo jamás se acercó a brindar declaraciones a un año y 2 meses del proceso judicial.
Gabriel Blanco, director de comunicación de la Seccional Caracas de la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y directivo del Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Nacional, fue apresado en su casa el 7 de junio de 2022. Foto: Efecto Cocuyo
Los acusados son señalados como miembros de una Unidad de Resistencia Popular, supuestamente creada para planificar actividades terroristas "contra el Estado venezolano y la democracia". Estas acciones incluirían la planificación de secuestros, promoción de protestas y sabotajes durante festividades nacionales.
El caso ha sido presentado por el fiscal titular, Elin Teodoro León, quien basa sus argumentos en pruebas que incluyen el acceso a conversaciones privadas de WhatsApp y la vigilancia de actividades de los acusados.
Sin embargo, el abogado defensor de los sindicalistas venezolanos, Eduardo Torres, argumenta que estos chats "no son una prueba en el Código Orgánico Procesal Penal". "Además, según el informe policial, los ciudadanos no estaban organizando alguna actividad política o delictiva en particular", añadió Torres. Aun con falta de testigos y pruebas contundentes, ellos fueron condenados a 16 años de cárcel el último martes 1 de agosto.
Familiares exigen la liberación de sindicalistas condenados a 16 años de cárcel en Venezuela
Desde el año pasado, los familiares de los seis detenidos denuncian inconsistencias en el proceso judicial e irregularidades por parte de las instituciones judiciales del Estado.
"Hemos agotado las instancias, hemos ido a la Defensoría (del Pueblo), a la Fiscalía, al TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) exigiendo la libertad y seguimos exigiendo la libertad porque no hay elementos probatorios en su contra, no hay prueba alguna que los condene y por la que los sigan manteniendo detenidos", expresó a medios locales, el año pasado, Diannet Blanco, esposa de uno de los apresados.
"Han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el Gobierno le dice. Los venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, vamos a seguir luchando. Mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida", afirmó recientemente Yorbelis Oropeza, cónyuge de uno de los detenidos, a medios venezolanos.
