"Razones de seguridad": la Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña
Pedro Alliana asumió la presidencia tras la destitución de Peña, en medio de la crisis fiscal generada por el cierre de Ueno bank, que aún se encuentra bajo revisión judicial.
La República en GoogleLa Fiscalía de Paraguay solicitó que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el cierre de Ueno bank, entidad vinculada al exmandatario y cuya crisis provocó su destitución el viernes.
La fiscal Nancy Salomón confirmó la imputación durante una conferencia de prensa. "Desde el Ministerio Público se planteó la imputación en contra del expresidente de la República", anunció, antes de precisar que los hechos punibles atribuidos son "lesión de confianza y administración en provecho propio".
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Además de solicitar la prisión preventiva, el ministerio pidió la inhibición de bienes del exmandatario y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien fue imputado por los mismos delitos y también compareció ante las autoridades.
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Peña fue trasladado a la sede de la Fiscalía General del Estado para su primera comparecencia ante el Ministerio Público. Llegó en un vehículo negro, acompañado por una reducida escolta policial y sin estar esposado, según imágenes difundidas por medios locales.
El lugar de la diligencia, previsto inicialmente en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, fue cambiado horas antes por "razones de seguridad". Santiago había pasado la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde fue trasladado desde su vivienda debido a la presencia de numerosas personas que se habían concentrado en los alrededores para protestar en su contra.
La detención se había hecho efectiva en su domicilio particular, hasta donde llegó un grupo integrado por agentes de la Policía y representantes de la Fiscalía, después de que se librara una orden en su contra.
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La investigación por el cierre de Ueno bank
La investigación se centra en la crisis de Ueno bank, una entidad con 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales cuyos fondos quedaron congelados tras el cierre por problemas de solvencia.
Según la acusación de los diputados que promovieron el juicio político contra Peña, el exmandatario era accionista de Ueno Holding, conglomerado del Grupo Vásquez que poseía, entre otras empresas, a Ueno bank. En marzo de 2025 vendió esa participación.
La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno —de la que nació Ueno bank— antes de asumir, en 2023, la jefatura del Banco Central del Paraguay. El directorio de esa institución autorizó la creación de la entidad bancaria 83 días después de la designación de Carvallo como titular del organismo emisor.
El exfuncionario renunció a la presidencia del Banco Central el martes pasado, en medio del procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank. Se presentó ante las autoridades la noche del viernes y fue arrestado.
Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank. Este viernes, Vásquez y otros cinco directivos fueron trasladados a centros penitenciarios para procesados.
Peña fue destituido y Pedro Alliana asumió la Presidencia
La solicitud de prisión preventiva se produjo un día después de que Peña fuera destituido mediante un juicio político en el Senado, que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones", en medio de la crisis política provocada por el cierre de Ueno bank.
Tras su destitución, se activó el mecanismo de sucesión presidencial. El entonces vicepresidente Pedro Alliana juró el viernes ante el Congreso, en una sesión extraordinaria, para asumir la presidencia y completar el período de gobierno hasta 2028.
Con la imputación del exmandatario y la solicitud de prisión preventiva, el caso de Ueno bank entra en una nueva fase judicial. La Fiscalía busca determinar las presuntas responsabilidades de quienes estuvieron vinculados a la entidad financiera y a su supervisión, mientras las medidas cautelares solicitadas contra Peña y Carvallo quedan pendientes de resolución.
