Colombia autoriza operaciones militares conjuntas con EE. UU. para combatir el narcotráfico y el crimen organizado

Colombia dio un nuevo giro a su política de seguridad al autorizar a Estados Unidos a participar en operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico. El anuncio se realizó en Panamá por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien destacó el respaldo del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

La decisión coincide con la incorporación formal del país al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas impulsada por Donald Trumpque reúne a una veintena de naciones de América Latina y el Caribe. El acuerdo busca fortalecer la coordinación regional frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

"A través del recién inaugurado presidente, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, y autorizó operaciones militares conjuntas", señaló Hegseth durante el encuentro celebrado en la capital panameña.

El mandatario colombiano ha planteado una estrategia de confrontación directa contra las estructuras armadas que operan en su territorio. De la Espriella prometió enfrentarlas "sin tregua" y descartó la posibilidad de negociar acuerdos de paz con estas organizaciones, en medio de una escalada de violencia que afecta a distintas regiones del país.

Washington, por su parte, contempla destinar US$1.000 millones para reforzar la seguridad colombiana, en un país considerado el principal productor mundial de cocaína. Estados Unidos constituye, a su vez, el mayor mercado de consumo de esta droga. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, alrededor de 25.000 personas integrarían grupos armados ilegales que obtienen recursos mediante actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

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Alianza regional contra el crimen organizado

La adhesión colombiana al Escudo de las Américas quedó formalizada mediante un memorando de entendimiento firmado por Hegseth y el ministro de Defensa, Jorge Mora. El acto contó también con la participación del senador republicano Bernie Moreno y se desarrolló en Panamá.

El Ministerio de Defensa colombiano sostuvo que la decisión “reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad” de la región.

El acercamiento supone un cambio respecto de la relación mantenida durante el gobierno de Gustavo Petro, caracterizada por frecuentes diferencias con la administración Trump. Con la llegada de De la Espriella a la Presidencia, Bogotá y Washington vuelven a profundizar sus vínculos en materia de defensa.

Ambos países ya cuentan con antecedentes de cooperación militar. Durante las últimas dos décadas impulsaron el Plan Colombia y el Plan Patriota, estrategias respaldadas económicamente por Washington que contribuyeron a debilitar a grupos rebeldes, aunque no consiguieron detener el tráfico internacional de cocaína.

La coalición también incluye a Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras y Perú, entre otros países. Hegseth aseguró que el objetivo es ampliar la presión sobre las organizaciones criminales y sostuvo que el nuevo mecanismo finalmente “va a desmantelar” esas estructuras, consideradas terroristas por la administración Trump.

"La administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro", afirmó el funcionario. Luego agregó: "Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad".

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Cuestionamientos por ofensiva antidrogas

La cooperación entre Bogotá y Washington se extiende también a operaciones contra el narcotráfico en aguas internacionales. Estados Unidos inició hace casi un año una campaña de bombardeos contra embarcaciones señaladas como parte de redes dedicadas al traslado de drogas.

Las acciones comenzaron en el Caribe y posteriormente llegaron al Pacífico. Según un recuento de la Agencia AFP, los ataques han dejado alrededor de 215 muertos en unos 53 operativos. Hegseth defendió la estrategia y aseguró que produjo una “caída récord” en el tránsito de las denominadas narcolanchas.

Sin embargo, la ofensiva ha generado fuertes cuestionamientos de juristas internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales. El debate se centra en la legalidad de estas operaciones y en las facultades de los Estados para emplear fuerza letal contra presuntos narcotraficantes.

En este contexto, el secretario de Defensa estadounidense también instó a los integrantes del Escudo de las Américas a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo con competencia para investigar y juzgar determinados crímenes internacionales.

"La CPI es una ‘amenaza’ y por eso ‘ánimo encarecidamente’ a los países de la coalición a ‘abandonar’ este organismo", declaró Hegseth, en una postura que añade una nueva dimensión al debate sobre la ofensiva regional contra el narcotráfico.