Colombiana víctima de abuso se atiende en un hospital en España, pero le terminan cobrando por su situación irregular
Una inmigrante en situación irregular fue derivada desde un centro de crisis a un hospital público en España y, pese a pedir asilo, recibió una factura médica.
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En abril de 2024, una mujer colombiana que había pedido asilo en España por ser víctima de violación y tortura fue trasladada de urgencia al Hospital La Princesa, en Madrid. La derivación fue hecha desde un centro de atención a víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid. Un año más tarde, a pesar de su condición y de haber iniciado un proceso legal de protección internacional, le llegó a su domicilio una factura médica de 185 euros.
La paciente, identificada como Esperanza (nombre ficticio para proteger su identidad), se encontraba en una situación administrativa irregular, aunque contaba con documentos que acreditaban su proceso de asilo. Aun así, el hospital consideró que no tenía derecho a la gratuidad de la atención. “Fue una atención urgente por una situación crítica de salud mental, consecuencia de la violencia sufrida en su país”, explicó su abogado, Juan Rubiño, quien ahora intenta revertir el cobro por vías administrativas.
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Burocracia sanitaria: un laberinto para los más vulnerables
Tras recibir la factura, Esperanza presentó copias de su pasaporte, el justificante de asilo, la cita del DASE y un certificado del centro de crisis donde constaba que era usuaria. Su abogado, Juan Rubiño, denunció que ni con todos esos documentos el hospital anuló el cobro.
“Fue enviada la reclamación dentro de plazo, pero el hospital dice no haberla recibido”, sostiene Rubiño.
La mujer encontró apoyo en la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que denuncia desde hace más de una década los obstáculos que enfrentan los migrantes para acceder a la sanidad pública. “Muchas mujeres se marchan sin ser atendidas al saber que les van a facturar”, advierten desde la organización.
Desde el centro médico confirmaron que se procedió “como en todos los casos sin acreditación de cobertura sanitaria”, y que se notificó el cobro “con opción de presentar alegaciones”. Sin embargo, según Rubiño, las alegaciones sí se presentaron el 29 de mayo, un día antes de que venciera el plazo legal.
La exclusión sanitaria sigue vigente pese al decreto de 2018
El Real Decreto de 2012, aprobado por el gobierno del Partido Popular, limitó el acceso gratuito a la sanidad a personas con papeles, excepto en urgencias y partos. En 2018, el PSOE intentó revertirlo con una nueva normativa, pero, según expertos, quedaron vacíos legales que permiten la exclusión.
Una médica de Yo Sí Sanidad Universal advierte que aún hoy se exige demostrar tres meses de empadronamiento para acceder a atención médica gratuita: “Y si no puedes demostrarlo, quedas fuera”.
En este contexto, las víctimas de violencia machista, aunque protegidas por la ley, como la Ley de Violencia de Género de 2004, la Ley de Libertad Sexual de 2022 y la ley madrileña de 2005, siguen enfrentando barreras. “El sistema no contempla excepciones claras para estas situaciones, aunque las leyes lo exijan”, afirma Rubiño.
Una deuda médica que puede costar la regularización
Más allá del monto, la deuda con la administración puede tener consecuencias graves para personas migrantes. “El temor de Esperanza es que esto afecte su proceso de regularización”, explica el abogado. Tener facturas impagadas puede convertirse en un obstáculo para obtener la residencia o renovar su estatus migratorio.
Rubiño ya ha presentado una revisión de oficio, un procedimiento por el cual la administración puede anular una decisión si considera que fue injusta. Mientras tanto, la paciente sigue en un limbo legal y sanitario. Su caso no es aislado: otras mujeres migrantes en situación irregular han denunciado casos similares, donde se les niega atención o se les factura sin contemplar su situación legal o de salud mental.
Desde la plataforma Yo Sí alertan que España está fallando en garantizar la atención universal, especialmente a quienes más lo necesitan. La combinación de trabas administrativas, desconocimiento legal y miedo al rechazo convierte cada visita médica en una amenaza.
