Miami-Dade y ICE se unen contra inmigrantes: indocumentados detenidos podrían perder un derecho fundamental
Un acuerdo propuesto entre Miami-Dade y ICE podría limitar los derechos de los inmigrantes indocumentados detenidos, dificultando el acceso a información vital para sus familias.
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El condado de Miami-Dade, bajo el respaldo de la alcaldesa Daniella Levine Cava, está evaluando un proyecto que modificaría el acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta propuesta podría restringir el acceso público a la información sobre los inmigrantes indocumentados detenidos, lo que afectaría directamente a las familias que dependen de esta información para localizar a sus seres queridos. La medida ha generado preocupación entre activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten sobre la pérdida de un derecho fundamental: el acceso a la información sobre los detenidos.
De ser aprobada, esta modificación al acuerdo 287(g) dejaría el control de los registros sobre los detenidos en manos de ICE, lo que haría que solo las autoridades federales pudieran proporcionar datos sobre la ubicación de los inmigrantes bajo custodia. Esto podría resultar en la desaparición de inmigrantes del sistema, dificultando su localización tanto para sus familias como para sus abogados. Además, el acuerdo incluiría una compensación económica para el condado, lo que ha aumentado la controversia entre los defensores de los derechos humanos.
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¿Qué derecho perderían los inmigrantes tras acuerdo de Miami-Dade y ICE?
Con la propuesta de modificación del acuerdo con ICE, los inmigrantes indocumentados detenidos perderían el derecho a acceder fácilmente a la información sobre su paradero, lo que podría llevar a una situación de desaparición dentro del sistema. Actualmente, los registros de detención son accesibles al público, permitiendo a las familias, abogados y periodistas localizar a los detenidos. Sin embargo, si la propuesta es aprobada, ICE asumiría el control total de estos datos, lo que podría resultar en retrasos o, incluso, en la falta de información.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) ha señalado que esta medida afectaría gravemente a las familias de inmigrantes. Sin acceso a los registros, los familiares tendrían serias dificultades para obtener información sobre la ubicación y el estado de los detenidos. Esto contravendría principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de detención.
¿Cuáles son los derechos de un inmigrante si es detenido por ICE en Miami-Dade?
Los inmigrantes detenidos por ICE en Miami-Dade tienen ciertos derechos fundamentales que les asisten durante el proceso de detención. Uno de los más importantes es el derecho a ser informados sobre las razones de su arresto y los procedimientos legales a los que se enfrentarán. Sin embargo, bajo el nuevo acuerdo propuesto, las familias y defensores de los derechos de los inmigrantes temen que este derecho se vea comprometido al eliminarse la disponibilidad pública de los registros de detención.
Además, aunque ICE tiene la autoridad para arrestar y detener a inmigrantes sin estatus legal, la ley establece que los detenidos deben tener acceso a un abogado para defenderse y garantizar que sus derechos no sean violados. Los grupos de defensa de los inmigrantes están luchando para que estas protecciones no se vean erosionadas por el nuevo acuerdo.
¿Cuántos inmigrantes ha detenido ICE en Miami-Dade?
Según los datos más recientes, ICE ha llevado a cabo miles de detenciones de inmigrantes en el condado de Miami-Dade desde la implementación del acuerdo 287(g). En el último año, el condado reportó un aumento en las detenciones, lo que refleja la creciente colaboración entre las autoridades locales y ICE. Este acuerdo ha permitido a las autoridades locales actuar como agentes de ICE, facilitando el proceso de detención y deportación de inmigrantes indocumentados.
Aunque el condado recibe una compensación económica por cada persona detenida, como se informó en los últimos días, el costo de mantener a estos inmigrantes en custodia supera el pago recibido, lo que genera controversia sobre la viabilidad del acuerdo. Este aspecto financiero ha sido uno de los puntos más discutidos durante las audiencias sobre la propuesta, especialmente por parte de activistas que cuestionan los intereses detrás de la modificación.
