España reporta 13 víctimas de mutilación genital femenina: menores fueron las más afectadas en los últimos 9 años
La mutilación femenina sigue presente en España: 13 víctimas desde 2015, en su mayoría niñas. La violencia contra las mujeres incluye esta práctica ilegal, tipificada como agresión sexual según la ley del solo sí es sí.
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En los últimos nueve años, España ha registrado 13 casos de mutilación genital femenina, una práctica prohibida y castigada penalmente. Según cifras oficiales del Gobierno español, 11 de las víctimas eran menores de edad, lo que evidencia el alto riesgo que enfrentan niñas nacidas en territorio europeo o con raíces extranjeras.
La información se conoció a través de una respuesta parlamentaria a una solicitud del grupo Vox. El año con mayor incidencia fue 2023, con cuatro menores afectadas, seguido de 2019, con tres casos. Aunque el fenómeno es considerado marginal, el Ejecutivo insiste en reforzar la protección de las víctimas mediante legislación específica y protocolos preventivos.
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La mutilación femenina en cifras: 2015-2024
Entre 2015 y 2024, España contabilizó 13 víctimas de mutilación femenina, de las cuales 11 eran niñas. En detalle:
- 2023: 4 menores
- 2019: 3 menores
- 2015, 2017, 2018, 2024: 1 menor por año
- 2020 y 2022: 1 mujer adulta cada año
A pesar de la baja incidencia judicial, organizaciones alertan sobre un riesgo mucho más elevado. Según datos de la Agencia EFE, unas 18.000 niñas están en peligro de sufrir mutilación genital femenina cada año en España, y más de 180.000 mujeres y niñas ya han sido víctimas de esta forma de violencia contra las mujeres, muchas de ellas nacidas en Europa.
Este tipo de violencia sexual está contemplado en el artículo 149.2 del Código Penal, con penas de seis a doce años de prisión. Si la víctima es menor o tiene una discapacidad, puede imponerse una inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela o acogimiento, entre otros.
Un enfoque institucional y legal más firme
Desde 2022, la ley del solo sí es sí reconoce la mutilación femenina como una forma de violencia sexual. El artículo 22 obliga a los poderes públicos a establecer protocolos de detección y atención en casos de mutilación, trata y matrimonios forzados, con especial atención a la formación profesional y cooperación internacional.
El Gobierno destaca además el papel del Plan Estadístico Nacional, que incluye indicadores vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Uno de ellos, el Indicador 5.3.2, mide el porcentaje de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación genital femenina.
También resalta el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina, publicado en 2015, que sirvió de guía para comunidades autónomas sin protocolos propios. Sanidad y Servicios Sociales son competencia regional, lo que genera abordajes diversos, pero todos con el objetivo común de erradicar esta forma extrema de violencia de género.
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también ha sido subrayada por el Ejecutivo como parte fundamental del sistema de protección ante esta agresión sexual que vulnera gravemente los derechos humanos de mujeres y niñas.
