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Buenas noticias para inmigrantes en EEUU: suspenden proyecto de ley que limita el acceso a educación pública para indocumentados en este estado

En Estados Unidos, el controvertido proyecto de ley HB 793 / SB 836, que buscaba restringir el acceso de estudiantes inmigrantes indocumentados a las escuelas públicas en un estado, fue suspendido por el riesgo de perder fondos federales.

Si se aprobara, el HB 793 / SB 836 afectaría a 10.000 niños inmigrantes en el estado. Foto: Chalkbeat
Si se aprobara, el HB 793 / SB 836 afectaría a 10.000 niños inmigrantes en el estado. Foto: Chalkbeat

La comunidad inmigrante en Tennessee recibió un respiro luego de que los legisladores estatales decidieran frenar temporalmente el avance del proyecto de ley HB 793 / SB 836, una iniciativa que pretendía limitar el derecho de los niños indocumentados a acceder a la educación pública. Esta propuesta legislativa, impulsada por la mayoría republicana, tenía como objetivo desafiar el precedente establecido por la Corte Suprema en 1982 a través del fallo Plyler v. Doe, que garantiza el acceso a la escuela a todos los niños en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, según informó WBBJ.

La decisión de detener la discusión del proyecto fue anunciada por el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Tennessee, William Lamberth, quien solicitó orientación a las autoridades federales ante la preocupación de que la aprobación de la iniciativa pueda poner en riesgo los fondos federales destinados a la educación del estado. Actualmente, Tennessee recibe aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales de la nación para financiar su sistema educativo, por lo que cualquier amenaza a estos recursos generó una alerta inmediata entre los legisladores.

¿Qué proponía el proyecto de ley HB 793 / SB 836 en Tennessee?

El HB 793 / SB 836 planteaba medidas que afectaban directamente el acceso de los inmigrantes sin estatus legal a las escuelas públicas de Tennessee. Las disposiciones más relevantes del proyecto incluían:

  • Permitir a los distritos escolares exigir pruebas de residencia legal a las familias para inscribir a los estudiantes en niveles K-12.
  • Otorgar a las escuelas la opción de rechazar la matrícula a niños que no pudieran demostrar su situación migratoria o, en su defecto, cobrarles una matrícula.
  • Proponer un desafío directo al precedente legal de Plyler v. Doe, que desde hace más de cuatro décadas protege el derecho de los niños sin documentos a recibir educación pública en Estados Unidos.

Si bien la versión aprobada por el Senado incluía la exigencia de documentación, la propuesta en la Cámara de Representantes era más moderada y dejaba en manos de las escuelas la posibilidad de verificar el estatus migratorio, sin hacerlo obligatorio.

¿Por qué los legisladores de Tennessee decidieron suspender el proyecto HB 793 / SB 836?

El principal motivo detrás de la suspensión del proyecto de ley HB 793 / SB 836 fue la posibilidad de que Tennessee perdiera parte de sus fondos educativos provenientes del gobierno federal. A pesar de que el líder republicano William Lamberth expresó confianza en que la administración Trump no retiraría estos recursos, decidió actuar con cautela y solicitó asesoramiento formal a las autoridades federales.

El riesgo era considerable, ya que la legislación federal establece restricciones claras respecto a la discriminación en el acceso a programas financiados por fondos públicos. Si la iniciativa violaba estas normativas, el estado se exponía a sanciones financieras. La medida provocó una fuerte movilización social en Tennessee, donde estudiantes, familias y organizaciones defensoras de los inmigrantes manifestaron su oposición en el Capitolio estatal.

¿Qué consecuencias tendría la aprobación del proyecto HB 793 / SB 836 para los inmigrantes en Tennessee?

Si el proyecto de ley HB 793 / SB 836 hubiera avanzado, sus implicaciones habrían sido devastadoras para miles de inmigrantes en Tennessee. Según estimaciones del Migration Policy Institute, alrededor de 10.000 niños sin estatus migratorio asisten actualmente a las escuelas públicas del estado. De aprobarse la iniciativa, estos menores podrían haber enfrentado la exclusión educativa o cargos económicos que limitarían su acceso al sistema escolar.

Más allá del impacto individual en las familias, la aprobación de esta ley habría generado un ambiente de desconfianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades educativas. Los detractores de la propuesta advirtieron que las políticas restrictivas en educación pública solo profundizan la marginalización de los sectores más vulnerables, afectando su integración social y económica a largo plazo.

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