Telefónica anuncia haberle ganado a Colombia un arbitraje por casi 380 millones de dólares
El CIADI determinó que Colombia incumplió su obligación de otorgar un trato justo a las inversiones de Telefónica, obligando al Estado a pagar la suma solicitada más intereses.
El gigante español de telecomunicaciones Telefónica anunció el miércoles que había ganado un proceso de arbitraje contra Colombia, auspiciado por el Banco Mundial, relativo a un litigio por 380 millones de dólares ligados inversiones realizadas en este país.
Telefónica "informa de la obtención de un laudo favorable" sobre una disputa "sometida al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra de la República de Colombia", anunció el grupo en un comunicado enviado al ente regulador bursátil español (CNMV).
El Ciadi, un grupo de arbitraje del Banco Mundial, consideró "que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica", continúa el gigante español, con gran presencia en América Latina.
Como consecuencia de ello, el Estado colombiano deberá pagar 380 millones de dólares a Telefónica, la cantidad del litigio en cuestión. Igualmente, tendrá que abonar el 5% de esa cantidad en intereses, y sufragar los gastos jurídicos a los que tuvo que hacer frente la empresa.
Telefónica había recurrido al Ciadi en febrero de 2018 para reclamar contra una serie de medidas adoptadas por el Estado colombiano, que según la compañía "afectaron las inversiones" de su filial colombiana ColTel, según el comunicado del grupo español.
En julio de 2017, un tribunal administrativo colombiano había condenado a Telefónica a pagar 380 millones de dólares por el uso de infraestructuras públicas de telecomunicaciones durante el despliegue de su telefonía móvil en Colombia desde 1994.
Esta decisión -aplicada igualmente al grupo de telecomunicaciones Claro, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim- fue defendida por el gobierno colombiano, que consideró que toda empresa implantada en el país debía indemnizar al Estado en caso de usar bienes públicos.
