La megacárcel que se construirá en una Isla de América Latina y que albergará a más de 20.000 reclusos
El Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Defensa lideran la construcción de una megacárcel en Honduras, cuyo costo superará los 80 millones de dólares.
Honduras construirá una megacárcel en una Isla de para albergar a más de 20.000 reclusos, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno. La cárcel se ubicará en las Islas del Cisne, un remoto archipiélago en el mar Caribe hondureño, y tendrá una capacidad inicial para 2,000 reclusos, con proyección a expandirse. Este proyecto busca aliviar la presión sobre el sistema penitenciario del país, que enfrenta problemas de hacinamiento y falta de seguridad.
La licitación para la construcción de la prisión ya ha atraído a 16 empresas constructoras, según fuentes del gobierno hondureño. El costo estimado de la obra asciende a 80 millones de dólares. Se espera que la edificación comience en agosto, con una duración de al menos un año. El proyecto contempla también la implementación de medidas de sostenibilidad, como la instalación de una granja solar y plantas de tratamiento de aguas residuales.
El proyecto de una cárcel sobre una isla
La construcción de la megacárcel en las Islas del Cisne es una respuesta directa al creciente problema de seguridad en Honduras. La ubicación insular garantizará un mayor control sobre los reclusos, especialmente aquellos considerados de alta peligrosidad. Además, el proyecto incluye un diseño moderno con capacidad para ser un centro penitenciario de máxima seguridad, lo que reforzará la infraestructura carcelaria del país. Las Islas del Cisne, un territorio de difícil acceso, fueron elegidas estratégicamente para evitar fugas y mejorar el control.
El proyecto está valorado en 80 millones de dólares y albergará a los sentenciados de alta peligrosidad. Foto: La Prensa Honduras
Este nuevo centro penitenciario es parte de un plan más amplio del gobierno de Honduras para mejorar la seguridad del país, invirtiendo en proyectos carcelarios que aumenten la capacidad de los centros penitenciarios actuales y disminuyan el hacinamiento. El gobierno, a través de la Secretaría de Defensa y el Instituto Nacional Penitenciario, planea seguir avanzando con esta y otras iniciativas para mejorar las condiciones carcelarias.
El financiamiento de la megacárcel
El costo de la prisión en las Islas del Cisne está estimado en 80 millones de dólares. Según fuentes gubernamentales, este monto cubrirá la construcción de la infraestructura inicial, además de la instalación de sistemas de energía solar y el tratamiento de aguas. El financiamiento provendrá de fondos públicos y posibles préstamos gestionados por la Secretaría de Finanzas de Honduras, dado que el proyecto es considerado prioritario para la actual administración.
La construcción de la megacárcel en las Islas podría causar daños irreversibles a los ecosistemas y generar contaminación en el mar. Foto: Honduras Tips
La licitación pública, que ya ha completado su primera fase, cuenta con la participación de importantes firmas constructoras nacionales e internacionales. La empresa ganadora será seleccionada en los próximos días, y se espera que el contrato definitivo se firme antes de finales de año. Este nuevo centro penitenciario promete convertirse en uno de los proyectos más importantes en materia de seguridad en América Latina.
Controversia ambiental en la construcción de la cárcel
La construcción en las Islas del Cisne ha generado controversia entre organizaciones ambientales y el gobierno de Honduras. La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) alerta sobre los daños irreparables que el proyecto causaría en los ecosistemas únicos de este archipiélago. Las Islas del Cisne, hogar de especies endémicas, podrían sufrir graves alteraciones debido a la presencia humana masiva. Además, se teme que el manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos afecte al mar Caribe, provocando contaminación que podría extenderse a países vecinos.
El Colegio de Biólogos de Honduras también ha manifestado su rechazo, calificando la construcción como "ambientalmente insostenible". A pesar de estas advertencias, el gobierno continúa con los planes, generando preocupación a nivel nacional e internacional por las posibles repercusiones ambientales y legales.
