Consorcio húngaro retira su oferta sobre fabricante de trenes tras veto del Gobierno español
El consorcio húngaro Ganz Mavag Europe retira su oferta de adquisición sobre Talgo tras veto del Gobierno español por motivos de "seguridad nacional".
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El consorcio húngaro Ganz Mavag Europe anunció el viernes que retiró su oferta pública de adquisición sobre el constructor español de trenes Talgo, luego de que el Gobierno español vetara la operación aduciendo motivos de "seguridad nacional".
"Dados los graves perjuicios que la decisión del Gobierno de España supone para los legítimos intereses" del consorcio, así como "la incertidumbre (...) sobre los plazos de la oferta y los costes de mantener su vigencia", Ganz Mavag decidió "desistir" de la opa, según comunicó el grupo al ente regulador de la bolsa española, la CNMV.
El martes, el Gobierno de España decidió bloquear la oferta, que valoraba a la histórica empresa española en 619 millones de euros (690 millones de dólares), alegando "riesgos insalvables para la seguridad nacional".

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Aunque el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez no abundó en las razones, resaltó que "Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España".
Tras anunciarse la opa en marzo, el Gobierno advirtió que se mantendría "vigilante".
Varios medios españoles afirmaron en ese momento que los temores de Madrid se debían principalmente a los vínculos entre Ganz Mavag Europe y el gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orban, considerado cercano al presidente ruso, Vladimir Putin.
El consorcio húngaro se quejó de que el Gobierno no ofreció "la más mínima motivación" de su decisión, lo que deja al grupo en "la más absoluta indefensión".
La opa por el 100% del capital de Talgo cumplía "con todos los requisitos legales vigentes", por lo que "no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España", destacó Ganz Mavag.
Por ello, mostró su "intención de iniciar todas las acciones legales a su alcance" para "oponerse a dicha decisión que considera no ajustada al derecho", tanto a nivel nacional, acudiendo al Tribunal Supremo para reclamar una "indemnización", como "en el seno de la Unión Europea".
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