Uruguay: Gobierno sale reforzado tras referéndum que mantiene país dividido
Por la estrecha diferencia de votos, la oposición lo consideró un triunfo y descartó que sea un fracaso, dado que la izquierda lucha “todos los días por una sociedad diferente”.
El Ejecutivo uruguayo salió reforzado tras el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), su proyecto estrella, después de que el ‘No’ ganara en una consulta que mostró, como ya ocurrió en las elecciones de 2019, la división en dos mitades políticas de la población del país suramericano.
Con un 99,65% de los votos escrutados, el ‘No’, defendido por el oficialismo, y los votos blancos (que en los referendos uruguayos se suman a esa opción) representaron el 51,15%, mientras que el ‘Sí’ obtuvo un apoyo del 48,84%.
Apenas 22.000 votos de diferencia ente el ‘Sí’ y el ‘No’, algo muy similar a lo que sucedió en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de 2019, que dieron el triunfo al centroderechista Luis Lacalle Pou sobre el izquierdista Daniel Martínez.
No obstante la derrota, los promotores de la consulta, entre ellos la central sindical, el PIT-CNT, y el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy principal fuerza de la oposición, consideraron un triunfo la igualdad mantenida hasta el final de la jornada que, por momentos, fue un empate técnico.
Para la izquierda uruguaya, la campaña de recolección de firmas que logró la celebración del referéndum y la alta adhesión en la votación fueron interpretadas como un gran éxito pese a que el resultado no favoreció a sus intereses.
“Los uruguayos demostramos que la mitad estamos de este lado. ¿Qué gobernante no escucharía una mitad con atención, con sensibilidad?”, dijo Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en una alocución en una plaza ante miles de simpatizantes.
El exlíder sindical agregó que una derrota no es un fracaso, porque, dijo, la izquierda lucha “todos los días por una sociedad diferente”.
Posteriormente, un comunicado emitido por la Comisión por el ‘Sí’ reconoció que “no se ha superado el 50% de los votos válidos requeridos para anular los 135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos”.
La ley 19.889, considerada ‘ley ómnibus’ por la cantidad de asuntos que abarca —entre ellos seguridad pública, cuestiones laborales, educación, libertad financiera o portabilidad numérica—, fue promulgada en julio de 2020, apenas tres meses después del inicio del mandato de Lacalle Pou (2020-2025).
Pese a que no participó activamente de los actos de campaña que recorrieron todo el país, sí defendió el proyecto en primera persona e, incluso, el discurso final lo dio el pasado miércoles en la Torre Ejecutiva (sede de Gobierno).
En ese mismo lugar, este domingo, compareció cuando ya no había posibilidad de que los resultados pudieran cambiar y sacó la cara, una vez más, por una ley que, dijo, “da más derechos, más libertades y más garantías”.
“Etapa superada. Mañana seguimos con el mismo optimismo y las mismas ganas, con una coalición que ha mostrado firmeza en la adversidad”, indicó sin excesivo triunfalismo porque, como había adelantado el pasado miércoles, consideraba que no había “nada para festejar”.
Acompañado por el gabinete en pleno, excepto el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, enfermo de COVID-19, Lacalle Pou exhibió firmeza para acometer las reformas que, amparado en el resultado del referéndum, pretende en asuntos como la seguridad social, la educación, los asentamientos e, incluso, apuntó una futura bajada de impuestos.
Ante los reclamos de “diálogo” por parte de la izquierda, el mandatario reivindicó “el Parlamento como el lugar donde se hace síntesis de las distintas opiniones”, al tiempo que dijo que en el Poder Legislativo ya hubo conversaciones que permitieron la modificación de 279 artículos de la LUC antes de su promulgación.
En el cuarto referéndum de la historia y separado de las elecciones presidenciales, fue la segunda vez que se impuso el ‘No’ a la derogación de la ley que se sometía a consulta.
La anterior fue en 1989, cuando se votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que había sido aprobada en 1986, y en la que las papeletas amarillas del ‘No’ obtuvieron el 55% de los votos, en tanto el voto verde por el ‘Sí’ alcanzó un 41%.
