El Salvador: estado de excepción por brutal ola de homicidios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó el domingo, con aval del Parlamento, un régimen de excepción, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, cuando el país enfrenta un auge de la violencia pandillera que ha dejado 76 homicidios en dos días.

Provistos de fusiles de asalto y chalecos antibalas, policías y soldados patrullaban las calles mientras continuaba la detención de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de ordenar los crímenes.

En consecuencia, queda restringida la libre asociación y reunión, se permite abrir la correspondencia e intervenir las comunicaciones telefónicas o de correo electrónico sin orden judicial. También restringe el derecho a ser informado el motivo de una detención y a contar con abogado desde la captura, y habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas.

Dureza en prisión

Bukele ordenó además decretar “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, que viven en El Salvador.

“Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, escribió el mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter. “Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus “homeboys [compañeros presos] no podrán ni ver un rayo de sol”, puntualizó.

Ola violenta

El Salvador vive una nueva ola de violencia, con 62 homicidios registrados solo el sábado, según la Policía Nacional Civil (PNC), que ya había informado de otras 14 muertes el viernes, también relacionadas con pandillas.

La Constitución salvadoreña autoriza el régimen de excepción en caso “de graves perturbaciones del orden público” y Bukele aseguró que actuó “dentro del marco constitucional”.

Pero el diputado opositor de la exguerrilla Frente Farabundo Martí Jaime Guevara consideró que “la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería”, y llamó al “respeto irrestricto de los derechos individuales” de la población.

Bukele dijo que la Policía y la Fuerza Armada “deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”.

También pidió a la Fiscalía “ser eficaz con todos los casos” y advirtió que estará pendiente de “los jueces que favorezcan delincuentes”.

Las pandillas operan en El Salvador a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico.

En noviembre pasado, el país sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.

Aun así cerró 2021 con la tasa más baja de homicidios desde el fin de la guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.

Un país militarizado

Por Karla Arévalo, periodista salvadoreña

En los últimos 20 años, El Salvador no vivió un día tan violento como el sábado 26 de marzo. Luego de esto, el Gobierno, que ya ha sido señalado por EEUU de negociar con pandillas, decretó un estado de excepción, un hecho en que la Constitución permite limitar derechos como la libre asociación, el derecho a la defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia.

Tras su aprobación, varias calles de la capital amanecieron militarizadas. El uso de la Fuerza Armada en el país era algo que no se había visto desde que en febrero 2020 los militares entraron a la Asamblea Legislativa tras una petición del presidente de convocar a una sesión extraordinaria para aprobar un millonario préstamo para financiar el Plan Control Territorial, con el que se supone que le haría frente a las pandillas.

Sin embargo, las pandillas han respondido al Gobierno bajo el único lenguaje que conocen, los homicidios. Las armas de Bukele son débiles ante ese lenguaje, pues el estado de excepción tiene vigencia por 30 días, y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch consideran que esta medida no es sostenible en el tiempo.