Kast: ¿quién es el ultraderechista que reivindica a Pinochet y promete un Chile en orden?

Admirador de la dictadura de Augusto Pinochet y en sintonía con líderes como Jair Bolsonaro, Donald Trump y el partido Vox español, el ultraderechista chileno José Antonio Kast se presenta como el candidato del orden para Chile.

“¿Dicen que soy extremo, pero extremo en qué?”, se preguntó en campaña el candidato, que disputará frente al izquierdista Gabriel Boric la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre.

“No me traten de ultraderecha, porque no lo soy (...) Espero que me califiquen como un candidato del sentido común”, afirmó Kast, de 55 años.

Este abogado militó por 20 años en el partido ultraconservador Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta que en 2019 creó el Partido Republicano que hoy lo lleva a su segundo intento electoral. En 2017 había alcanzado el cuarto lugar, con 7,93% de los votos.

En el cierre de su campaña, el pasado jueves 18 de noviembre, en un acomodado barrio de Santiago, Kast prometió recuperar la “libertad” para el país a través del “orden y la seguridad”.

“Estamos dispuestos a dar la vida si fuese necesario, dar la vida por nuestro Chile querido. Dios y la patria es lo que nos inspira”, señaló el ultraconservador. “Hemos interpretado a una mayoría de chilenos que quieren un país tranquilo y seguro”, dijo, tras encabezar el escrutinio del domingo 21.

Nostálgico de Pinochet

Kast, casado y con nueve hijos, es un activo miembro del movimiento católico conservador Schoenstatt. Hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1951: su padre se alistó en el ejército durante el régimen nazi alemán, aunque el candidato ha dicho que fue por “obligación”.

En Chile, su familia se instaló en la localidad de Paine, en las afueras de Santiago, donde hicieron fortuna con una fábrica de embutidos tradicionales alemanes y Bavaria, una cadena de restaurantes de la que se desvinculó hace pocos años.

Agrupaciones de derechos humanos denuncian que miembros de su familia colaboraron en la detención de opositores en la localidad de Paine durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El primer cargo público de Kast fue de concejal por la comuna de Buin (cerca de Paine), entre 1996 y 2000. Luego saltó al Parlamento y fue diputado por cuatro períodos consecutivos.

En esta nueva incursión presidencial mantiene la sonrisa y parsimonia que lo caracterizan, aunque al acercarse la elección se le vio más tenso tras ser obligado a remarcar su sabida admiración por la era Pinochet, que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos.

“Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental”, alegó Kast.

Desde su punto de vista, la Constitución que en 1980 se promulgó durante el régimen de Pinochet “contenía toda la transición a la democracia” y el gobierno militar entregó el poder tras un plebiscito. “Díganme ustedes ¿qué dictadura ha hecho eso?”.

“Si Pinochet viviera votaría por mí” dijo Kast, quien reivindica el legado del dictador y promete que buscará que la nueva Constitución no sea aprobada en el Plebiscito de Salida, para que se mantenga el texto redactado en los años de plomo.

Minorías en aprietos

En su programa de gobierno, propone la disminución del gasto público, una reducción tributaria y eliminar varios ministerios, entre ellos el de la Mujer.

Es el único de los siete candidatos que propone mantener el sistema de pensiones privados instaurado en la dictadura, muy criticado en la opinión pública.

Plantea la intervención de las Fuerzas Armadas en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, agobiada por el conflicto con indígenas mapuches y subir las penas de cárcel para los delitos comunes.

En una de las partes más polémicas, propone dentro de un estado de Excepción la detención en casas o lugares distintos a las cárceles de opositores y la clausura del Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de la construcción de una zanja para evitar la entrada de inmigrantes irregulares.

También la derogación de los beneficios compensatorios a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura y la creación de una “Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda”.