Denuncian detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional recalcó que el régimen de Maduro aumentó la represión durante la pandemia.
Amnistía Internacional (AI) publicó, este martes 6 de abril, su estudio anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual denunció nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en Venezuela.
“En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad”, indicó la investigación, que también reveló nuevos reportes de “tortura y otros malos tratos y desaparición forzada de personas detenidas arbitrariamente”.
En ese contexto, la entidad internacional percibió que “la detención arbitraria siguió formando parte de la política de represión contra la disidencia”.
Según los informes de la ONG venezolana Foro Penal, hasta octubre de 2020 se registraron 413 arrestos por razones políticas, mientras que la cifra en abril escala a 320. AI sostuvo que este tipo de detenciones incrementaron después de la proclamación del estado de alarma por la pandemia del SARS-CoV-2.
“Además de los activistas políticos, 12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y, posteriormente, restricciones. Se utilizó la pandemia del coronavirus para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero”, manifestó Foro Penal.
Asimismo, responsabilizó de las ejecuciones extrajudiciales a los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, entre los que se cuentan las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Recordó, además que, de acuerdo un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) el año pasado, en la nación caribeña se notificaron al menos 2.000 fallecimientos en operativos de las fuerzas del orden del régimen.
“Continuaron llegando informes sobre el uso de la tortura para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba la utilización de procedimientos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual”, señaló AI.
Agregó: “La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más agresivos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por parte de la DGCIM”.
La organización internacional criticó, además, que las autoridades chavistas “no investigaron las denuncias de tortura y otros malos tratos”. Por el contrario, estos “quedaron impunes”.
Sobre el manejo de la pandemia, AI apuntó que la respuesta del régimen se vio gravemente dañada por la falta de acceso a servicios sanitarios apropiados. “El personal médico y de salud no disponía de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra la COVID-19. Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas”, subrayó.
