Familia de niña violada por siete militares en Colombia exige justicia indígena como castigo

Colombia aún no sale de su dolor y rabia por el caso de una niña indígena de 12 años que fue violada por siete soldados del Ejército. La familia ha exigido a las autoridades la devolución de la víctima, quien está bajo protección de Bienestar Familiar, y que a los depravados se les aplique el castigo indígena.

“Las autoridades Tradicionales exigen que los agresores sean entregados a la Justicia Indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria, exigencia que la Organización Nacional Indígena de Colombia respalda”, explicó la misma ONIC (por sus siglas) en un comunicado.

Asimismo, el gobernador del resguardo Dokabu, Juan de Dios Queragama, expresó a revista Semana que su comunidad exige que los siete soldados acusados sean llevados hasta su territorio para someterlos a la justicia popular.

“Aquí no vamos a quedar tranquilos hasta que se haga justicia. La guardia tiene sus duelos y quiere que les entreguen a los militares”, sostuvo el líder indígena.

¿En qué consiste la justicia indígena?

Queragama explicó que en la cima de una montaña existe un lugar sagrado para los dokabus, donde hay siete cepos de tortura para castigar con látigos a los violadores. Luego de esa sanción, los soldados pasarán a un “acto de purificación”.

“Exijo que nos manden [a los militares] a nuestra justicia y nosotros procederemos a cumplir nuestra justicia propia o, sino, le pido a la justicia ordinaria que los manden a una cárcel civil para que los soldados puedan pagar esa condena severamente”, enfatizó el gobernador a Noticias Uno.

El pasado 22 de junio la niña de la etnia embera-chamí fue secuestrada y violada por siete militares en una vereda de Pueblo Rico, en Risaralda. Los soldados del Ejército admitieron haber abusado de la menor, pero no han ido a una prisión y están detenidos en una guarnición militar por miedo a represalias en la cárcel.

La Fiscalía de Colombia los acusó por el delito de “acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado” y podrían ser condenados a 30 años de prisión. El caso sigue abierto y la entidad estatal evalúa presentar cargos por secuestro, ya que la niña fue sacada de su comunidad en contra de su voluntad antes de la violación en grupo.