Corte Superior de Piura participa en Congreso Internacional sobre Acceso a la Justicia para Población Refugiada y Migrante
La magistrada Karen Agurto representó a Piura en una mesa sobre experiencias regionales.
La República en GoogleAyer se realizó el “IV Congreso Internacional y Nacional sobre Estándares para el Acceso a la Justicia de Población Refugiada, Migrante y Otras Personas con Necesidades de Protección Internacional”, evento desarrollado en la Sala de Juramentos y el Salón de Ecoeficiencia del Palacio Nacional de Justicia, en la ciudad de Lima.
Este importante encuentro académico fue coorganizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Perú, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Colegio de Abogados de Lima Sur, consolidándose como un espacio de alto nivel para el análisis, la actualización y el intercambio de buenas prácticas y desafíos en materia de acceso a la justicia.
En representación de la Corte Superior de Justicia de Piura, participó la magistrada Karen Luciana Agurto Moscol, jueza del Sexto Juzgado de Trabajo (PCALP), quien intervino en una mesa de experiencias regionales, exponiendo los principales desafíos en el abordaje judicial de casos relacionados con personas refugiadas, migrantes y con necesidades de protección internacional en el Perú.
Durante su presentación, la magistrada destacó una buena práctica institucional, al exponer el caso exitoso de Carlos Julio Delgado Vivas, ciudadano venezolano que actualmente se desempeña como asistente judicial en el Módulo PCALP de la Corte Superior de Justicia de Piura, tras haber ingresado mediante un concurso público CAS realizado en septiembre de 2024. En ese contexto, resaltó que el Poder Judicial ha eliminado una barrera burocrática al permitir, en sus convocatorias CAS, la inscripción de postulantes con carné de extranjería o pasaporte, además del Documento Nacional de Identidad (DNI), promoviendo así una mayor inclusión y acceso equitativo al empleo público.
