Sujeto fue sentenciado a condena suspendida tras aceptar que cometió chantaje sexual

Ángel Tulio Cortegana Escorza fue sentenciado a dos años y medio de pena privativa de libertad suspendida por chantaje sexual a una joven de 18 años. La sentencia fue dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Cortegana se declaró culpable y aceptó un acuerdo que incluye un año de conducta y el pago de 500 soles como reparación civil. Fuente: Difusión.
Cortegana se declaró culpable y aceptó un acuerdo que incluye un año de conducta y el pago de 500 soles como reparación civil. Fuente: Difusión.

A dos años y medio de pena privativa de la libertad suspendidos en su ejecución, fue sentenciado Ángel Tulio Cortegana Escorza (38), quien admitió ser culpable del delito de chantaje sexual en agravio de una joven de 18 años. La condena fue emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte del Santa.

El imputado captó a la víctima el 11 de noviembre del año pasado, a través de la red social Tik Tok mientras realizaba una transmisión en vivo. Con engaños y valiéndose de la necesidad económica de la agraviada, comenzó a enviarle pequeñas sumas de dinero y logró convencerla de iniciar una relación sentimental virtual.

Durante ese tiempo consiguió que la joven le enviara fotografías íntimas, pero luego comenzó a exigirle verse para sostener relaciones sexuales. Ante la negativa, Cortegana Escorza la amenazó con publicar las imágenes en redes sociales, exigiéndole 2,500 soles a cambio de no hacerlo.

Fue la madre de la agraviada quien denunció el hecho ante la Policía. El sujeto fue capturado el 4 de enero, tras una celada realizada en el asentamiento humano Villa Magisterial II Etapa.

Con todas las evidencias en su contra, el imputado decidió acogerse a la terminación anticipada del proceso. Las partes acordaron una condena de 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año bajo reglas de conducta, y el pago de 500 soles de reparación civil.

El acuerdo fue aceptado por la magistrada Ana Vizcarra Huamán, quien además prohibió al sentenciado acercarse o establecer cualquier tipo de comunicación con la víctima.

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