Corte del Santa refuerza su compromiso con la defensa de las personas con discapacidad

En una clara muestra del interés de la judicatura por el bienestar de las personas en condición de vulnerabilidad, la jueza Duany Carrasco Guevara, del Tercer Juzgado de Familia Transitorio, se trasladó hasta la vivienda de Naomi Roncal Villanueva, una madre de familia que padece de sordera, y con ayuda de una intérprete de lenguaje de señas, la notificó y le entregó las medidas de protección dictadas en su favor.

Hasta el asentamiento humano Villa Atahualpa, en Nuevo Chimbote, llegó la magistrada, acompañada por el secretario judicial Marco Pinzas Colonio, y la servidora judicial Jael Loayza Marquez, quien sirvió de traductora; por su intermedio, se cumplió con dar a conocer a Roncal Villanueva el contenido de la resolución final, en un proceso por agresiones mutuas, con su conviviente Eduardo Altamirano Espinoza, quien no presenta discapacidades.

Ambas partes aceptaron las recomendaciones formuladas por la jueza, orientadas a que solucionen sus desavenencias sin recurrir a la violencia, evitando así la afectación sicológica y física para sus cuatro menores hijos. Expresaron su compromiso de evitar las agresiones mutuas y se comprometieron a velar por el bienestar de sus pequeños.

La acción de la Dra. Carrasco Guevara constituye la materialización de los denominados ajustes razonables previstos en la Ley General de Personas con Discapacidad, cuyo propósito es equiparar las condiciones de acceso a la justicia entre quienes tienen alguna discapacidad y quienes no la presentan.

Finalmente, se exhortó a las instituciones encargadas de notificar, realizar exámenes sicológicos, PNP, y al Centro de Emergencia Mujer, a disponer la presencia de intérpretes de lenguaje de señas cuando corresponda, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas.

Con este esfuerzo, la Corte Superior de Justicia del Santa reafirma su compromiso institucional con la defensa de las personas en condición de vulnerabilidad, garantizando que ninguna discapacidad constituya un obstáculo para acceder a una tutela jurisdiccional efectiva y oportuna.